El exgobernador de Baja California Norte, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el caso Next Energy, en el que se le acusa de peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad.
La determinación judicial se dio tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas, en la que un juez consideró que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Además, se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y se le impuso una garantía económica de 100 mil pesos como medida cautelar.
El caso se originó por la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en Baja California, proyecto que no se concretó pese a comprometer recursos públicos.
De acuerdo con las investigaciones, el acuerdo implicaba pagos millonarios a largo plazo —hasta 30 años— y un esquema financiero respaldado con participaciones federales, lo que habría generado un impacto significativo en las finanzas estatales.
La Fiscalía estatal sostiene que durante la administración de Bonilla se autorizaron decisiones que derivaron en un posible daño al erario, incluyendo la retención y uso de recursos públicos en un proyecto que carecía de permisos y nunca se ejecutó.
El exmandatario, por su parte, ha señalado que el proceso tiene motivaciones políticas y aseguró que esperaba ser vinculado a proceso, como ocurrió con otros excolaboradores de su gobierno.
Este caso se suma a otras investigaciones y denuncias presentadas por el gobierno de Baja California por presuntas irregularidades durante su gestión (2019-2021), en un expediente que ha cobrado relevancia por el monto económico comprometido y sus implicaciones políticas.
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