La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció una iniciativa para crear una ley general en materia de feminicidio, acompañada de una reforma constitucional, con el objetivo de homologar su tipificación en todo el país, fortalecer las investigaciones y endurecer las sanciones contra este delito.
Durante la presentación, la funcionaria subrayó la dimensión social del problema. “Hablar de feminicidio no sólo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas”, afirmó, al advertir que este fenómeno refleja una deuda histórica en el acceso a la justicia para las mujeres.
La iniciativa —elaborada en conjunto con la Secretaría de las Mujeres— busca, dijo, una transformación estructural en la respuesta del Estado. “El feminicidio debe entenderse no sólo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales”, sostuvo.
El proyecto contempla modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia. Entre sus ejes centrales está la homologación del tipo penal en todo el país, con el reconocimiento de al menos nueve razones de género para acreditar el delito, como violencia sexual, antecedentes de agresión o relaciones de poder.
Asimismo, establece penas de entre 40 y 70 años de prisión, sanciones para la tentativa y 21 agravantes, entre ellas cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, migrante o perteneciente a pueblos originarios.
Uno de los puntos clave es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis de feminicidio desde el inicio. “Para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis del feminicidio”, señaló Godoy.
La propuesta también plantea que el delito sea imprescriptible y perseguido de oficio, además de sanciones adicionales como la pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad para los agresores.
En el ámbito institucional, se busca homologar protocolos de investigación con perspectiva de género y fortalecer fiscalías especializadas. “Existe una obligación de investigar con la debida diligencia en forma reforzada”, enfatizó la fiscal, quien advirtió que “no puede parar ninguna investigación por cambios de turno”.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó que la iniciativa incorpora un enfoque integral para las víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
“Es un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero también transforma la vida de sus familias, especialmente de sus hijas e hijos”, señaló.
Explicó que la ley contempla acceso a la verdad, justicia, atención médica y psicológica, así como acompañamiento jurídico gratuito. “Se reconocen también a las víctimas indirectas”, indicó.
En materia de reparación del daño, subrayó que esta debe ser “adecuada, efectiva, rápida y proporcional”, e incluir acciones para restituir derechos, particularmente de menores afectados.
La iniciativa también propone limitar la difusión de imágenes de víctimas en medios digitales. “No se puede permitir la exhibición […] de manera amarillista ni contenidos que hagan apología del delito”, advirtió.
En prevención, se plantea fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, ampliar refugios, servicios especializados y crear una comisión de seguimiento, además de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
“Permitirá mejorar la atención […] y garantizar la restitución de derechos de quienes son víctimas indirectas”, concluyó Gómez Saracíbar.
Deja una respuesta