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Sheinbaum rechaza indulto a Aburto y recalca que caso Colosio es de Estado

La presidenta expresa empatía con Colosio Riojas, pero advierte que el magnicidio trasciende lo personal y no puede resolverse con perdón presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta pueda derivar en un indulto para Mario Aburto Martínez, al subrayar que se trata de un “asunto de Estado” que no corresponde a una decisión de carácter individual.

Al referirse a los planteamientos de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien abrió la posibilidad de otorgar el perdón al responsable del crimen de su padre, la mandataria federal distinguió entre la dimensión humana del caso y sus implicaciones institucionales.

“Primero, siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad”, afirmó.

Sheinbaum reconoció la carga personal que ha enfrentado Colosio Riojas desde su infancia, tras el asesinato de su padre en 1994 y la posterior muerte de su madre.

“Este joven vivió una situación muy trágica, no solo con el magnicidio de su padre, sino después con la muerte de su madre. Son niños que vivieron una situación muy difícil”, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que el caso no puede abordarse desde una lógica de perdón presidencial, debido a su naturaleza y trascendencia política.

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado, por cómo ocurrió, es un candidato a la Presidencia que fue asesinado; no es un asunto de indultos de una presidenta”, enfatizó.

La presidenta insistió en que, si bien existe una solidaridad humana con las víctimas, ello no modifica el carácter del caso ni su tratamiento dentro del marco legal e institucional.

El posicionamiento se da en medio de la reactivación del debate sobre el caso Colosio, uno de los episodios más relevantes de la historia política reciente del país, luego de que Colosio Riojas planteara públicamente la posibilidad de conceder el perdón a Aburto Martínez.

Con ello, el gobierno federal fija postura al señalar que el magnicidio no solo constituye una tragedia familiar, sino un hecho de alta relevancia nacional cuya atención corresponde al Estado y al sistema de justicia.

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