El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional para eliminar las llamadas pensiones “doradas” en el sector público, con lo que la iniciativa fue turnada a los congresos locales para su eventual ratificación.
Con 458 votos a favor, incluidos los de la oposición, los legisladores avalaron la modificación al artículo 127 de la Constitución, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca poner fin a jubilaciones millonarias de exfuncionarios y directivos de organismos públicos.
La reforma establece que ninguna pensión en la administración pública podrá superar el equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
El dictamen ya había sido aprobado previamente por el Senado y ahora deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para completar el proceso constitucional y ser promulgado.
De acuerdo con el gobierno federal, la medida pretende eliminar pagos considerados excesivos —que en algunos casos alcanzan hasta un millón de pesos mensuales— en entidades como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la banca de desarrollo.
Además, se estima que la eliminación de estas pensiones representará un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos anuales para el erario.
Aunque el proyecto recibió respaldo unánime, partidos de oposición advirtieron posibles riesgos de inconstitucionalidad, particularmente por la eventual aplicación retroactiva de la reforma y su impacto en derechos adquiridos de jubilados.
Con el envío a los congresos locales, la reforma entra en su fase final, en medio de un debate sobre el equilibrio entre austeridad gubernamental y seguridad jurídica de los pensionados.
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