La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que en México no existe una exigencia ciudadana para llevar a cabo un proceso de revocación de mandato de la titular del Ejecutivo federal, y subrayó que las principales demandas de la población están centradas en mejorar sus condiciones de vida.
En entrevista durante la sesión ordinaria de este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora señaló que un eventual rechazo a esta figura —en caso de no alcanzarse la mayoría calificada— no sería un hecho aislado, sino un reflejo de la situación que vive el país.
“Hay que ser objetivos y la verdad es que en este momento no hay una exigencia ciudadana para que se revoque el mandato. Si no se logran las dos terceras partes es una decisión que tiene que ver con la realidad de nuestro país”, declaró.
López Rabadán enfatizó que la ciudadanía no se expresa a través de ejercicios aislados, sino mediante sus representantes en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
“El pueblo de México no habla a través de una encuesta, habla a través de sus representantes”, sostuvo.
En ese sentido, insistió en que las prioridades sociales son otras y distan del debate sobre la revocación de mandato. Enumeró entre las principales preocupaciones ciudadanas la inseguridad, el acceso a servicios de salud, el abasto de medicamentos, la presencia de médicos en hospitales y las condiciones de seguridad en carreteras.
“Hoy México no está exigiendo eso, está exigiendo seguridad, medicinas, médicos en los hospitales, carreteras seguras”, reiteró.
Ante este panorama, hizo un llamado a que el Poder Legislativo enfoque sus esfuerzos en atender estas demandas, en lugar de centrar la agenda en mecanismos que —a su juicio— no responden a una presión social real.
Asimismo, planteó que los instrumentos de participación ciudadana deben utilizarse de manera efectiva para resolver los problemas que enfrentan las y los mexicanos, y no como parte de discusiones alejadas de las necesidades inmediatas.
La diputada también se refirió al llamado “Plan B” en materia electoral y a la posibilidad de que el Senado de la República no apruebe las fechas contempladas para la revocación de mandato. En ese escenario, consideró que quedaría claro que la decisión emana de la representación popular.
“Me parece que quedará claro que el pueblo de México toma una definición a través de sus legisladores”, apuntó.
Cuestionada sobre cuál habría sido una reforma electoral adecuada, López Rabadán afirmó que la prioridad debió centrarse en frenar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, particularmente en el financiamiento de campañas.
“La mejor reforma es la que hubiera limitado al crimen organizado para no financiar campañas”, señaló.
También advirtió sobre la influencia de recursos ilícitos, como los provenientes del robo de combustible, en las contiendas electorales, fenómeno que —dijo— no ha sido atendido de manera efectiva.
“La mejor reforma es la que hubiera parado al huachicol o al dinero del huachicol metido en las elecciones”, agregó.
Finalmente, lamentó que hasta el momento no se hayan concretado cambios estructurales para impedir la intervención del crimen organizado en la vida política del país, lo que, consideró, sigue siendo uno de los principales pendientes en la agenda legislativa.
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