Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro Prodh, junto con al menos una decena de colectivos, rechazaron el informe presentado por el Gobierno federal sobre personas desaparecidas, al considerar que minimiza la magnitud de la crisis y distorsiona la realidad.
En un posicionamiento conjunto, las ONG señalaron que el reporte oficial —que reconoce más de 132 mil personas desaparecidas— “reduce la crisis a una gestión de archivos ministeriales” y constituye una decisión política que invisibiliza a las víctimas.
Las organizaciones criticaron que el Ejecutivo utilice como base principal las carpetas de investigación, cuando en México existe una alta cifra de delitos no denunciados, lo que —afirman— distorsiona el diagnóstico real del problema.
El Gobierno federal presentó recientemente un desglose del registro nacional de desaparecidos, argumentando que parte de los casos presentan inconsistencias o falta de información, e incluso que un porcentaje muestra actividad posterior a la desaparición.
Sin embargo, colectivos y organizaciones sostienen que esta reinterpretación pretende reducir artificialmente la dimensión de la crisis y evade la obligación del Estado de buscar a las víctimas.
Además, cuestionaron el discurso oficial que atribuye la mayoría de las desapariciones al crimen organizado, al advertir que con ello se descarta la posible participación o responsabilidad de agentes del Estado.
Las ONG hicieron un llamado a que cualquier revisión de cifras sea transparente, pública y con participación efectiva de familiares, especialistas y sociedad civil, como condición indispensable para recuperar la confianza en las instituciones.
La crisis de desapariciones en México, que se ha agudizado desde 2006, es considerada por organismos internacionales como un problema grave de derechos humanos, en un contexto de violencia persistente e impunidad.
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