La diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, presentó una iniciativa para garantizar que las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios accedan a educación gratuita desde nivel básico hasta superior, así como a capacitación laboral que facilite su reinserción social.
Turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación, la propuesta plantea reformar el artículo 10 y adicionar la fracción IX Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de asegurar particularmente que las mujeres en reclusión tengan acceso a alfabetización, educación básica, media superior y superior.
El proyecto también contempla modificar la Ley General de Educación para establecer como obligación del Estado brindar estos servicios educativos a personas en internamiento, tanto en prisión preventiva como durante el cumplimiento de sanciones penales.
Entre sus ejes centrales, la iniciativa busca dotar a esta población de habilidades y conocimientos que les permitan integrarse al mercado laboral una vez en libertad. Además, establece que, al obtener libertad anticipada o definitiva, se dé seguimiento a su formación educativa y a su inclusión laboral, evitando la interrupción de estos procesos.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que la educación es un derecho humano que no se suspende con la privación de la libertad, y advierte que la falta de oportunidades educativas es un factor que alimenta la reincidencia delictiva.
Asimismo, destaca que las mujeres en prisión enfrentan mayores rezagos, debido a que históricamente la oferta educativa y laboral en penales femeniles ha estado limitada a roles tradicionales. Por ello, la propuesta busca romper ese paradigma mediante capacitación avanzada y acceso a educación superior.
La iniciativa también introduce como elemento innovador la vinculación entre la educación en reclusión y la vida en libertad, al plantear un acompañamiento institucional obligatorio que dé continuidad a los procesos formativos tras la liberación.
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