Especialistas en procuración de justicia coincidieron en la necesidad de diseñar leyes que permitan combatir y erradicar las denuncias falsas, al advertir que no sólo implican una mentira entre particulares, sino que constituyen fraude procesal y un ataque directo a la administración de justicia.
Durante el “Foro sobre Denuncias Falsas desde la Visión de las Ciencias Forenses”, organizado por la diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena) en coordinación con la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), se expuso la urgencia de visibilizar este fenómeno, identificarlo y generar mecanismos para enfrentarlo.
José Emmanuel Hernández Sánchez, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CONCAAM, señaló que las denuncias falsas representan un uso indebido de los mecanismos legales y generan consecuencias jurídicas adversas para las personas involucradas. Destacó la importancia de abrir espacios de diálogo entre instituciones, comunidad jurídica y sociedad para analizar el problema desde perspectivas técnicas, éticas y sociales.
En tanto, Héctor Vinicio Rodríguez López, contralor interno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, subrayó que este fenómeno afecta el Estado de derecho, al desviar la atención de la persecución de delitos reales y convertir al sistema de justicia en un instrumento de venganza o estrategia personal.
Advirtió que cada investigación basada en hechos inexistentes consume recursos que deberían destinarse a delitos graves como feminicidio, secuestro o extorsión, lo que calificó como un acto de “violencia institucional” que daña tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
Rodríguez López enfatizó que el problema también exige una respuesta ética dentro del sistema judicial, con respeto irrestricto a la presunción de inocencia y un análisis riguroso de la evidencia, además de sanciones más severas para quienes mienten ante la autoridad.
Por su parte, Nazario Norberto Sánchez, magistrado de la Sexta Sala del mismo tribunal, relató haber sido víctima de una acusación falsa de acoso sexual durante su paso por el Congreso de la Ciudad de México, lo que —dijo— derivó en desprestigio, afectaciones familiares y limitaciones a sus derechos políticos.
Ante ello, llamó a fortalecer la capacitación de ministerios públicos, jueces y personal judicial, así como a erradicar prácticas de corrupción que aún persisten en el sistema.
En su intervención, Fernando Hernández Pantoja, asesor jurídico del Heroico Colegio Militar, expuso que las personas privadas de la libertad por acusaciones falsas enfrentan afectaciones psicológicas, físicas, familiares y económicas, además de un profundo deterioro en la confianza hacia las instituciones.
Señaló que estos casos pueden derivar en estrés postraumático, depresión, pérdida del empleo y estigmatización social, por lo que el Estado debe garantizar procesos justos y evitar daños irreparables.
Durante el foro, especialistas también plantearon la posibilidad de tipificar la simulación de delito en el Código Penal Federal o incluso crear una legislación específica para sancionar estas conductas, con el objetivo de fortalecer un sistema de justicia más confiable y orientado a la verdad.
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