En el arranque de un paro nacional con bloqueos en diversas carreteras del país, organizaciones de campesinos y transportistas presentaron un pliego de 15 demandas al Gobierno federal, en el que advierten una crisis que amenaza el abasto de alimentos y la operación del transporte de carga.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas señalaron que las mesas de diálogo con autoridades no han dado resultados concretos, mientras se agravan problemas como la inseguridad en carreteras, el aumento en costos de insumos y la caída en la producción agrícola.
Entre las principales exigencias destacan el reforzamiento de la seguridad en vías federales mediante patrullajes permanentes de la Guardia Nacional, la eliminación de retenes que consideran puntos de extorsión y la instalación de sistemas de videovigilancia.
También demandan la eliminación del IEPS al diésel, la creación de una fiscalía especializada en delitos contra el transporte y el cierre de accesos irregulares en carreteras.
En el ámbito agrícola, los productores exigen frenar las importaciones de granos, establecer precios de garantía, saldar pagos pendientes a sembradores desde 2023 y relanzar una banca de desarrollo para el campo.
Asimismo, piden diseñar una nueva política agroalimentaria que fortalezca la producción nacional y garantice la rentabilidad del sector, afectado por el encarecimiento de fertilizantes, combustibles y servicios.
Las organizaciones insistieron en que su movimiento no busca recursos para dirigentes, sino apoyos directos para productores, y solicitaron una reunión urgente con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El paro nacional, convocado en al menos 20 estados, responde a una acumulación de demandas por seguridad, financiamiento, condiciones laborales y precios justos, en un contexto de robos, violencia y encarecimiento de operaciones que, aseguran, ha deteriorado al sector productivo.
Por su parte, el Gobierno federal ha rechazado que existan motivos para las protestas y sostiene que ha destinado miles de millones de pesos en apoyos y mantiene el diálogo abierto con los sectores inconformes.
Las organizaciones advirtieron que, de no obtener respuesta, las movilizaciones podrían intensificarse en los próximos días.














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