La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, presidida por Patricia Mercado Castro, presentó el informe de relatoría de las mesas de trabajo sobre la regulación del uso de motocicletas, con miras a construir una reforma a la Ley General de Movilidad.
El documento sintetiza los hallazgos de cinco mesas de diálogo en las que participaron autoridades, asociaciones civiles y representantes del sector privado, en un contexto marcado por el crecimiento del uso de motocicletas y su alta incidencia en siniestros viales, que suelen ser más letales.
Entre los principales planteamientos se encuentra la necesidad de fortalecer la educación vial, mejorar los procesos de capacitación y licenciamiento, armonizar la normativa y reconocer a las personas motociclistas como usuarias vulnerables de la vía. Asimismo, se propone impulsar infraestructura segura, sistemas de información más eficientes y una regulación integral basada en la corresponsabilidad, evitando enfoques punitivos.
El informe destaca que la problemática no es individual, sino estructural, derivada de deficiencias en infraestructura, capacitación, regulación, disponibilidad de datos y cultura vial, además de la persistente estigmatización hacia quienes utilizan motocicletas.
Al respecto, la diputada Mercado Castro subrayó que el ejercicio permitió un diálogo abierto y plural, en el que se recogieron experiencias reales para construir propuestas incluyentes. Afirmó que el objetivo es diseñar una legislación participativa, alejada de posturas estigmatizantes, que atienda el crecimiento de la micromovilidad y su impacto en la dinámica urbana.
Por su parte, la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz señaló que el aumento en el uso de motocicletas, especialmente tras la pandemia, responde a fallas del transporte público, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de sus usuarios. Consideró necesario impulsar políticas coordinadas, como escuelas de manejo gratuitas y el uso de equipo de protección.
En tanto, la legisladora Alma Delia Navarrete Rivera indicó que este proceso contribuye a saldar una deuda pendiente con las personas motociclistas, al integrarlas de manera formal en la Ley General de Movilidad, y enfatizó la necesidad de fortalecer el transporte público como alternativa segura.
Durante las mesas, la directora de Movilidad y Seguridad Vial de Sedatu, Paola Andrea Gómez Martínez, advirtió que los motociclistas son los usuarios más vulnerables en accidentes de tránsito y que las muertes en este sector han ido en aumento, por lo que se requieren soluciones integrales.
Asimismo, el director del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Raúl Octavio Martínez, destacó la importancia de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y coordinación intersectorial.
Representantes de la Secretaría de Movilidad del Estado de México y organizaciones civiles coincidieron en que las motocicletas son un medio de transporte en expansión que requiere políticas alineadas con estándares internacionales, así como mayor capacitación, cultura vial e infraestructura segura.
El informe concluye que las propuestas presentadas constituyen un primer paso para fortalecer el marco legal y avanzar hacia una movilidad más segura, ordenada e incluyente, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la participación activa de la ciudadanía.
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