La diputada Laura Ballesteros Mancilla, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que el Gobierno Federal desestimara el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de desapariciones en México, y exigió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
Además, anunció que promoverá una demanda de juicio político en su contra por presuntamente encubrir la crisis de desapariciones en el país.
Ballesteros sostuvo que el Estado mexicano ha negado una problemática denunciada por colectivos y madres buscadoras, y afirmó que las desapariciones han aumentado más de 60 por ciento desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continúan en la actual administración de Claudia Sheinbaum.
Indicó que entre 2023 y 2025 se sumaron 20 mil personas a las cifras de desaparición, y subrayó que el informe de la ONU advierte que en México se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La legisladora acusó que el Gobierno Federal negó y atacó el reporte internacional, y criticó a Piedra Ibarra por, dijo, defender al Estado en lugar de a las víctimas. Por ello, reiteró su exigencia de que la ombudsperson deje el cargo, al señalar un presunto conflicto de interés por su militancia en Morena.
Asimismo, retó a la titular de la CNDH a presentar evidencias de acciones emprendidas ante los señalamientos internacionales, como quejas, recomendaciones o investigaciones iniciadas de oficio.
En otro tema, el diputado de MC Sergio Gil Rullán criticó que la Cámara de Diputados no aprobara su punto de acuerdo para solicitar a la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, un informe sobre el derrame de petróleo ocurrido en marzo de 2026 en playas del Golfo de México.
El legislador también pidió que las secretarías de Bienestar y de Economía implementen de inmediato apoyos para pescadores y prestadores de servicios turísticos afectados en entidades como Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, así como en zonas de Texas.
Gil Rullán señaló que, pese al impacto económico y ambiental del derrame, las autoridades han dado respuestas insuficientes y no han brindado apoyo real a los sectores afectados, incluso durante el periodo vacacional de Semana Santa.
Por su parte, Ballesteros coincidió en que el Gobierno Federal debe asumir su responsabilidad ante el desastre ambiental y urgió a la presidenta Sheinbaum a exigir resultados a su gabinete.
Finalmente, ambos legisladores solicitaron que funcionarios responsables comparezcan ante la Cámara de Diputados para explicar las causas y consecuencias del derrame de hidrocarburos.
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