La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral representa una “decisión trascendental” para la democracia del país y exigió que el proceso se realice con criterios estrictamente técnicos y de autonomía.
Durante un posicionamiento, la legisladora subrayó que el Poder Legislativo tiene la obligación de elegir perfiles “con la máxima capacidad técnica” y con una trayectoria que genere confianza ciudadana. “Aceptar un cargo para el cual no se tiene la capacidad técnica, también es corrupción”, sostuvo.
López Rabadán advirtió que la falta de preparación en servidores públicos ha dañado instituciones y al país, por lo que insistió en que los nuevos consejeros deben tener conocimiento profundo en derecho electoral y experiencia comprobada en materia democrática.
En ese sentido, enfatizó que uno de los requisitos fundamentales será la independencia frente a cualquier tipo de poder. “Necesitamos perfiles que sepan decirle no al poder político, al poder económico, y que tengan autonomía real”, señaló.
Asimismo, planteó como prioridad evitar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. “Es indispensable que quienes lleguen al Consejo General garanticen que el crimen organizado no meta sus manos, que no defina candidatos y mucho menos ganadores”, afirmó.
La legisladora insistió en que la Cámara de Diputados debe actuar con “visión de Estado” y privilegiar el interés superior de la democracia por encima de intereses partidistas o coyunturales. “El país exige instituciones fuertes, autónomas y confiables”, apuntó.
En otro tema, respecto a la crisis de desapariciones en México, López Rabadán consideró positivo que instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas aborden el problema y pidió no politizarlo.
“Hay que pensar desde las víctimas, desde las familias de los desaparecidos. Más que pelear con la ONU, debemos buscar rutas para que encuentren a sus familiares”, declaró.
La diputada señaló que el reto es reconocer la magnitud del problema —que cifró en más de 132 mil personas desaparecidas— y enfocar los esfuerzos institucionales en garantizar justicia y resultados. “No se debe politizar, se debe actuar para que haya una posibilidad real para las familias”, concluyó.
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