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Exigen garantizar seguridad estructural del Tren Maya ante riesgos detectados

Kenia López Rabadán pide transparencia y rigor técnico; rechaza aval de la Corte a bloqueo de cuentas sin orden judicial

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad indeclinable de prevenir cualquier riesgo que pueda derivar en una tragedia, por lo que consideró indispensable asegurar la estabilidad estructural del Tren Maya para proteger a la población.

En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria, la legisladora señaló que la experiencia reciente en el ferrocarril transístmico, donde se registraron 14 víctimas mortales, refuerza la necesidad de actuar con previsión, rigor técnico y responsabilidad institucional. Subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto, así como las acciones implementadas para garantizar su integridad.

Ante reportes públicos sobre posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya y trabajos de apuntalamiento realizados por elementos del Ejército en zonas de cenotes y cavernas, López Rabadán enfatizó que es fundamental que las autoridades informen con absoluta transparencia sobre la situación real de la obra.

Insistió en que deben realizarse todas las acciones de ingeniería necesarias bajo los más altos estándares de seguridad para salvaguardar la vida de las personas.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la inmovilización de cuentas bancarias sin orden judicial, expresó su respeto a las decisiones de otros poderes, aunque calificó como “imposible” compartir dicho criterio.

La diputada argumentó que bloquear cuentas sin resolución judicial viola la Constitución y recordó que una propuesta similar fue frenada por la propia Corte en 2018, cuando —dijo— actuó como contrapeso.

Advirtió que esta medida podría afectar a trabajadores y sus familias, al impedir que empresas sin investigación concluida dispongan de sus recursos, lo que impactaría directamente en los ingresos de los empleados.

“Es una decisión errónea que puede lastimar a muchas personas”, concluyó.

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