Con 377 votos a favor, 102 en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional en materia de austeridad, impulsado por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, fuerzas que respaldaron lo que denominaron el “Plan B” electoral.
La reforma, derivada de una iniciativa presidencial, modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para limitar el gasto de los congresos locales —cuyo presupuesto no podrá rebasar el 0.70% del total estatal— y acotar las remuneraciones de funcionarios electorales, quienes no podrán acceder a seguros privados ni prestaciones extraordinarias fuera de la ley.
El dictamen también redefine la integración de los ayuntamientos, que estarán conformados por una presidencia municipal, sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios obligatorios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
En el régimen transitorio se fija como plazo el 30 de mayo de 2026 para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen su legislación. Asimismo, se establece una reducción progresiva del 15% en términos reales al presupuesto del Senado durante los próximos cuatro años.
Además, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales deberán ajustar sus disposiciones para cumplir con los nuevos límites salariales y de gasto.
La reforma contempla que los ahorros generados se destinen a infraestructura pública y programas sociales, bajo criterios de legalidad y transparencia. También advierte que cualquier intento de rebasar los topes presupuestales en congresos locales será nulo de pleno derecho.
La oposición votó en contra al señalar riesgos para la autonomía de los órganos electorales, mientras la mayoría defendió que las medidas fortalecen la austeridad y el control del uso de recursos públicos.
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