La Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones el dictamen que adiciona la fracción I Sexies al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de ampliar las atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en obras públicas vinculadas a servicios de salud.
El documento, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación, durante la sesión presencial de este jueves.
La reforma establece que la SICT podrá participar, a solicitud de autoridades federales competentes y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, ampliación y habilitación de infraestructura, incluidos hospitales y clínicas.
En el régimen transitorio se precisa que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya aprobado para la dependencia, sin requerir recursos adicionales ni incrementos presupuestales. Asimismo, el Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, instruyó que las reservas no presentadas en tribuna sean integradas en el Diario de los Debates.
En el posicionamiento a favor, la diputada Sandra Patricia Palacios Medina (Morena) señaló que la reforma permitirá fortalecer la infraestructura de salud con más clínicas y hospitales modernos, sin generar gastos excesivos. “Se responde a la exigencia de una salud digna”, afirmó.
Desde el PAN, el diputado Gerardo Ponce de León Valdés respaldó el dictamen, aunque advirtió vacíos en su diseño, al no delimitar responsabilidades ni criterios claros para la intervención de la SICT, por lo que llamó a establecer reglas precisas.
El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (PVEM) consideró que la reforma fortalecerá la capacidad del Estado para garantizar atención médica oportuna y de calidad, mientras que José Luis Sánchez González (PT) destacó que forma parte del proceso hacia la universalización de los servicios de salud.
En contraste, el priista Miguel Alejandro Alonso Reyes alertó sobre riesgos al otorgar estas facultades a una dependencia no especializada en salud, lo que podría derivar en sobrecarga institucional y obras de menor calidad.
Por su parte, Miguel Ángel Sánchez Rivera (MC) coincidió en la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria, pero subrayó que los proyectos deben contar con equipamiento adecuado y coordinación efectiva para evitar duplicidades.
Al concluir la sesión, la Mesa Directiva citó a la próxima reunión el martes 14 de abril a las 11:00 horas.
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