La tragedia ocurrida el miércoles en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, continúa cobrando víctimas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó este jueves que el número de fallecidos ascendió a ocho personas, mientras que 94 resultaron lesionadas, entre ellas 22 en estado crítico y 6 en condición grave.
El siniestro se registró alrededor de las 14:20 horas del 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP con capacidad de 49,500 litros volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. La fuga masiva de gas provocó una explosión de gran magnitud que afectó a más de 30 vehículos, peatones y viviendas cercanas. Entre las víctimas se encuentran un menor de edad y trabajadores de servicios urbanos.
Brugada informó que los heridos están siendo atendidos en 19 hospitales públicos, y que cinco personas fueron trasladadas vía aérea por helicópteros Cóndores debido a la gravedad de sus quemaduras. “Estamos brindando atención médica integral, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico a todas las familias afectadas”, señaló la mandataria.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. En paralelo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realiza un peritaje técnico en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La empresa Transportadora Silza, propietaria del vehículo siniestrado, emitió un comunicado en el que aseguró que “asumirá su responsabilidad” y que cuenta con pólizas de seguro vigentes. No obstante, autoridades federales han solicitado verificar la autenticidad y cobertura de dichas pólizas.
El Gobierno capitalino habilitó la línea telefónica 55 5683 2222 para brindar información a familiares de víctimas y personas desaparecidas. Además, se realiza un censo de daños materiales en la zona afectada, donde continúan las labores de limpieza y evaluación estructural.
La explosión ha reactivado el debate sobre la regulación del transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas, así como la capacidad de respuesta ante emergencias de gran escala. Organizaciones civiles han exigido una revisión urgente de protocolos y mayores controles en la circulación de pipas de gas.
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