El Gobierno federal defendió este viernes la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, actualmente en revisión en el Senado, al subrayar que su propósito es modernizar el sistema judicial sin menoscabar los derechos fundamentales. La iniciativa, impulsada por la Consejería Jurídica de la Presidencia y respaldada por la Coordinación General de Política y Gobierno, busca agilizar los procedimientos, incorporar herramientas digitales y reforzar la protección ciudadana frente a actos arbitrarios.
Durante una conferencia conjunta, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica, y Arturo Zaldívar, coordinador general, coincidieron en que el amparo debe evolucionar conforme a los desafíos contemporáneos, sin perder su esencia garantista. “No se trata de limitar derechos, sino de hacerlos más accesibles y eficaces”, afirmó Godoy.
Plazos definidos y juicio digital
La propuesta contempla la implementación de plazos procesales concretos: seis meses para juicios fiscales y hasta un año en materia penal, según la gravedad del delito. Además, se incorpora un modelo de juicio digital con validez jurídica plena, que coexistirá con los procedimientos tradicionales. Esta medida, explicaron, busca reducir la carga burocrática y facilitar el acceso a la justicia.
Godoy subrayó que el amparo debe ser instrumento de defensa, no de evasión. “Ampararse para proteger derechos es legítimo; hacerlo para encubrir delitos, no”, puntualizó.
Interés legítimo y combate al crimen organizado
Ante críticas que señalan posibles retrocesos, Zaldívar aclaró que la figura del interés legítimo no será eliminada ni restringida. Por el contrario, se sistematiza conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte, preservando su utilidad en causas colectivas, como las ambientales.
Respecto a la suspensión de actos en casos de cuentas bancarias bloqueadas, explicó que se trata de una medida para enfrentar el lavado de dinero y las redes criminales. “Si se acredita que no hay vínculo con la delincuencia, la suspensión procede. No hay regresión en derechos”, sostuvo.
Fortalecimiento institucional y protección judicial
El paquete de reformas también contempla medidas para proteger la identidad de jueces en casos de alto riesgo, digitalizar notificaciones judiciales y establecer reglas claras para el cumplimiento de sentencias. Ambas autoridades coincidieron en que la reforma consolida al amparo como un mecanismo de defensa reconocido internacionalmente, adaptado a las exigencias del presente.
“La justicia no puede ser lenta ni inaccesible. Esta reforma fortalece al Estado, sin debilitar a la ciudadanía”, concluyó Zaldívar.
Deja una respuesta