Con 400 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 4, 6 y 9 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, con el propósito de incorporar de manera explícita los principios de igualdad sustantiva, no discriminación y el reconocimiento pleno de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El dictamen fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.
Las modificaciones buscan armonizar el marco legal con las reformas constitucionales publicadas en 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que fortalecen el respeto a la igualdad sustantiva y los derechos de los pueblos originarios. Entre los cambios destaca la inclusión del término “personas” en la redacción de la ley, sustituyendo “organizaciones de trabajadores” por “organizaciones de personas trabajadoras”, en un esfuerzo por visibilizar la diversidad de quienes integran el sector social de la economía.
La diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez (Morena) subrayó que el dictamen avanza en tres ejes fundamentales: garantizar que ninguna persona sea excluida por razón de género, identidad, origen étnico, clase social u orientación sexual; reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; y dotar de coherencia constitucional al marco jurídico del sector social de la economía.
Desde el PAN, el diputado Asael Hernández Cerón celebró que la reforma visibiliza a los pueblos y comunidades en una ley clave para el desarrollo nacional. “Con este dictamen se fortalecerá la economía de las familias indígenas, cuyo aporte es esencial para el país”, afirmó, aunque advirtió que aún queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad plena.
Por su parte, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar (PVEM) destacó que las reformas contribuirán a consolidar un país de iguales, al fomentar el empoderamiento de las mujeres y el respeto a las comunidades originarias. Señaló que la economía social y solidaria puede generar empleo colectivo bajo una lógica equitativa, sin comprometer la justicia social ni la sostenibilidad ambiental.
El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) consideró que el dictamen representa “un acto de justicia histórica” y un paso firme hacia la democracia participativa. “La verdadera transformación solo será posible cuando la igualdad, la diversidad y la solidaridad se conviertan en ley y práctica cotidiana”, expresó.
Desde el PRI, Emilio Lara Calderón respaldó las modificaciones, especialmente por su impacto en las mujeres del medio rural, aunque advirtió que sin presupuesto, las reformas podrían quedar en letra muerta. “Vamos a pugnar por más proyectos y programas para que la justicia y la economía social sean una realidad en el campo”, afirmó.
Finalmente, la diputada María de Fátima García León (MC) celebró la inclusión del respeto a la igualdad sustantiva y la no discriminación, pero llamó a impulsar medidas concretas que faciliten el ejercicio de estos derechos. “Los sectores que más han sufrido son las mujeres y los pueblos indígenas; su reconocimiento debe ser permanente en todas las leyes que rigen la vida nacional”, concluyó.
Las reformas aprobadas colocan en el centro de la economía social y solidaria la dignidad, la inclusión y el respeto a la diversidad, en un esfuerzo por construir un país más justo y equitativo.
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