La diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación con el propósito de incorporar la salud menstrual como un derecho de las alumnas en el sistema educativo nacional.
La propuesta busca garantizar condiciones dignas, información científica y respeto a la integridad de las estudiantes en el entorno escolar.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, plantea adicionar un párrafo a los artículos 2 y 115 de la ley, estableciendo que toda alumna tenga derecho a solicitar la justificación de inasistencias por salud menstrual, especialmente cuando los síntomas —como dismenorrea, dolor abdominal, cefaleas o fatiga— sean incapacitantes.
En caso de que la ausencia coincida con una evaluación, se podrá solicitar su reprogramación conforme a los lineamientos institucionales.
“El objetivo es eliminar estigmas y promover condiciones de respeto y acompañamiento que fortalezcan la autoestima y participación activa de las alumnas”, señala el documento.
La diputada advierte que la menstruación sigue siendo un tema rodeado de mitos y silencios, lo que genera discriminación y aislamiento social, particularmente en espacios educativos.
Datos recientes citados en la exposición de motivos revelan que el 43 por ciento de adolescentes en México prefieren no asistir a clases durante su periodo menstrual; el 20 por ciento se ha ausentado al menos una vez, y el 30 por ciento ha tenido que improvisar con materiales inadecuados ante la falta de productos menstruales.
Esta situación se agrava en contextos rurales e indígenas, donde el 23 por ciento de las escuelas carece de agua potable y el 2.5 por ciento no cuenta con baños.
Actualmente, la legislación educativa no contempla la salud menstrual como un derecho, ni prevé mecanismos para justificar inasistencias por esta causa.
Esto ha derivado en sanciones académicas, pérdida de evaluaciones y acumulación de faltas que afectan la trayectoria escolar de muchas alumnas.
La reforma busca incorporar una perspectiva de género en la interpretación de la ley, robusteciendo los principios de equidad y no discriminación.
De aprobarse, representaría un avance significativo en la garantía de derechos escolares para niñas y adolescentes, y en la construcción de entornos educativos más inclusivos y respetuosos.
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