El Congreso de la República del Perú aprobó este jueves la destitución de la presidenta Dina Boluarte, invocando la causal de “incapacidad moral permanente” para enfrentar el avance del crimen organizado en el país.
La moción de vacancia fue respaldada por una mayoría calificada de legisladores, tras semanas de creciente presión política y social por el deterioro de la seguridad ciudadana. Entre los argumentos presentados por las bancadas impulsoras —Renovación Popular, Perú Libre, Podemos Perú y otros bloques independientes— se señaló la falta de respuesta efectiva ante el incremento de homicidios, extorsiones y atentados, así como la presunta negligencia en la articulación de políticas públicas para contener el crimen.
La sesión plenaria se desarrolló en medio de protestas ciudadanas y un despliegue policial reforzado en los alrededores del Palacio Legislativo. Tras la votación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, declaró la vacancia del cargo y anunció que, conforme al artículo 115 de la Constitución, la sucesión presidencial recaerá en el titular del Parlamento, quien deberá convocar a elecciones generales en un plazo no mayor a seis meses.
Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convierte en la segunda mandataria consecutiva en ser removida por el Legislativo bajo la figura de incapacidad moral. En su último pronunciamiento, difundido horas antes de la votación, la presidenta rechazó las acusaciones y calificó el proceso como “una maniobra política que vulnera la institucionalidad democrática”.
Diversos sectores han expresado preocupación por la continuidad del orden constitucional y la estabilidad institucional. La Defensoría del Pueblo instó a garantizar la sucesión conforme al marco legal, mientras organismos internacionales como la OEA y Human Rights Watch han solicitado monitorear el proceso de transición.
La destitución de Boluarte abre un nuevo capítulo en la crisis política peruana, marcada por la volatilidad institucional y el debilitamiento de la gobernabilidad. En paralelo, el Ministerio Público evalúa medidas cautelares contra la exmandataria, incluyendo el impedimento de salida del país, en el marco de investigaciones por presunta omisión de funciones.
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