Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República sostuvieron un encuentro con funcionarios del Gobierno Federal, quienes explicaron los alcances del proyecto de reforma a la Ley Aduanera que contempla 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones, con el objetivo de modernizar y fortalecer el sistema aduanero del país.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que este ejercicio representa una “buena práctica” para analizar a fondo las necesidades de actualización del marco jurídico aduanero, cuya minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre.
“Alcanzar los acuerdos, mantener la pluralidad, buscar la conciliación y los efectos favorables de los proyectos normativos es y será siempre el objetivo de las y los senadores”, subrayó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, resaltó que los senadores han sostenido encuentros con representantes de asociaciones de agentes aduanales para recoger sus opiniones.
“Es importante reconocer a los agentes aduanales como una primera línea del comercio exterior mexicano, por las funciones que realizan”, afirmó.
Reforma para un sistema aduanero moderno y eficiente
El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Carlos Gabriel Lerma Cotera, explicó que la propuesta busca una tecnificación eficiente y transparente del sistema aduanero, que fortalezca la competitividad, proteja la industria nacional, el empleo y la seguridad del país.
“No se trata únicamente de realizar ajustes técnicos o de procedimiento, sino de una transformación integral del marco jurídico que regula nuestro sistema aduanero”, puntualizó.
Lerma Cotera detalló que el proyecto busca garantizar que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenten con facultades jurídicas y operativas sólidas. Entre las principales innovaciones se propone la creación del Consejo Aduanero, integrado por la SHCP, ANAM, SAT y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para autorizar, prorrogar o cancelar concesiones y autorizaciones, contribuyendo a la transparencia y disminuyendo los riesgos de corrupción.
Asimismo, se plantea la colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para fortalecer la digitalización de las operaciones aduaneras y el análisis de datos.
Reglas claras y combate a la evasión
El funcionario explicó que la reforma busca dotar a los actores de comercio exterior de reglas claras y tecnologías modernas, además de reforzar los controles y responsabilidades de los agentes aduanales. Entre los cambios más relevantes, se propone eliminar las patentes vitalicias y establecer certificaciones periódicas cada tres años, con una vigencia de 20 años.
El administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, Erick Jiménez Reyes, aclaró que la iniciativa “no busca dañar ni desprestigiar” a quienes participan en el comercio exterior, sino combatir prácticas indebidas que afectan la economía nacional, la recaudación fiscal y la seguridad.
“Quienes participan en las operaciones de comercio exterior no tienen de qué preocuparse; el propósito es combatir a quienes afectan con sus acciones a la economía nacional”, señaló.
Comercio exterior, motor de desarrollo
El titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, sostuvo que el comercio exterior es una de las principales fuentes de ingresos fiscales y empleo para el país.
“Necesitamos incrementar la eficiencia en las operaciones de nuestras aduanas, bajo un esquema de control y seguridad que impida la entrada de mercancías ilegales o peligrosas”, afirmó.
Entre las disposiciones adicionales, la iniciativa contempla el expediente electrónico de pedimentos, que obligará a incorporar documentos digitales para asegurar la veracidad de las operaciones y reducir el margen de falsificación. También amplía el catálogo de infracciones, eleva las multas y endurece las sanciones para disuadir conductas indebidas.
“Todo lo anterior busca fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y la evasión fiscal, y garantizar un régimen contributivo más justo y equitativo”, concluyó Lerma Cotera.
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