La Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con cambios, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, el dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de once propuestas de diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT.
Su objetivo es homologar el tipo penal de extorsión en todo el país, fijar sanciones y agravantes, y definir cómo deben coordinarse las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito.
La ley ordena que la extorsión se investigue y persiga de oficio, incluso sin denunciante identificado, y prevé castigos que van de seis a quince años de prisión, con posibilidad de llegar hasta 25 años cuando se actualicen agravantes.
En la discusión se aceptó la reserva presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila (Morena).
La modificación al artículo 2 precisa la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno; al artículo 3 incorpora las perspectivas de interculturalidad e interseccionalidad; y en el artículo 8 se refuerza la certeza jurídica sobre la competencia federal y la facultad de atracción.
Monreal explicó que en los artículos 16 y 18 se sustituyó la expresión “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico” y se aclaró que también cuenta como extorsión la afectación directa a la economía de una entidad federativa.
Uno de los puntos más debatidos fue el ajuste al artículo 21. Con la reserva aprobada, la pena propuesta para personas servidoras públicas que, teniendo atribuciones en seguridad, procuración o impartición de justicia, custodias penitenciarias o investigación, no denuncien un delito de extorsión será de cinco a doce años de prisión, más multa de 600 a 3,000 UMA.
Monreal argumentó que se trata de precisar responsabilidades y rangos de sanción para omisiones graves. Diputados de Morena, como Leonel Godoy, defendieron que “nunca el autor del delito tendrá una pena menor al cómplice” y acusaron que se estaba confundiendo la conducta de extorsionar con la de encubrir.
La oposición rechazó este cambio. David Azuara Zúñiga (PAN) calificó la reserva como “una ofensa a las víctimas” y acusó que reduce castigos a funcionarios omisos, lo que —dijo— abre espacio a la impunidad. Desde el PRI, César Alejandro Domínguez sostuvo que las reservas “no solucionan el problema del dictamen” y generan desorden en lugar de crear un tipo penal agravado, claro y con penas altas. Emilio Suárez Licona (PRI) afirmó que los cambios son “de forma y no de fondo” y advirtió que la reducción de sanciones a servidores públicos debilita la respuesta institucional frente a la corrupción.
Otro ajuste relevante fue al artículo 26: se estableció que la reparación del daño a las víctimas de extorsión se cubra con recursos obtenidos vía procedimientos de extinción de dominio.
Además, se precisó que la acción de extinción de dominio no procederá sobre bienes ya abandonados a favor de la Federación o de las entidades federativas, ni sobre bienes con decomiso firme, aunque sí se podrán ejercer otras acciones contra la persona sentenciada.
En el artículo 43 se ordena que las autoridades diseñen e implementen campañas permanentes de información y prevención para visibilizar las distintas modalidades de extorsión, fomentar la denuncia ciudadana y disuadir oportunamente este delito.
También se obliga a generar información útil sobre patrones de operación para las áreas de investigación y a fijar metas, líneas de acción y plazos cuantificables, con seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
La nueva ley también contempla 34 agravantes que pueden elevar las penas hasta en dos terceras partes y castiga a quienes faciliten, sostengan, cooperen o auxilien dolosamente la comisión del delito. Plantea que cualquier persona que sufra extorsión pueda denunciar de manera anónima —por ejemplo, a través del número 089— y crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como enlace directo con la ciudadanía.
Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron reservas adicionales, pero muchas fueron retiradas, rechazadas a debate o se pidieron sólo para su publicación en el Diario de los Debates, por lo que quedaron en los términos del dictamen.
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