Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como contra los siete escoltas del edil, acusados de homicidio calificado en comisión por omisión.
La medida cautelar se impuso tras una audiencia de más de ocho horas, en la que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas. La resolución sobre la vinculación a proceso se definirá el próximo miércoles, mientras los imputados permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “El Altiplano”.
Contexto del caso
- El alcalde Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.
- La Fiscalía General del Estado de Michoacán atribuye a El Licenciado la planeación del crimen, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Los escoltas municipales enfrentan cargos por no haber cumplido con su deber de protección durante el ataque.
Argumentos presentados
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que el asesinato habría sido financiado con dos millones de pesos por integrantes del CJNG, quienes buscaban controlar la región. La defensa de los acusados, por su parte, cuestionó la solidez de las pruebas y pidió tiempo adicional para presentar elementos que los deslinden de responsabilidad.
Próximos pasos
El próximo miércoles se determinará si los ocho imputados son vinculados a proceso por homicidio calificado. De confirmarse, el juicio podría prolongarse varios meses, dada la complejidad del caso y la presunta participación de un grupo criminal de alto perfil.
El asesinato de Carlos Manzo ha generado un fuerte impacto político y social en Michoacán. Diversos sectores ciudadanos han exigido que se esclarezca el caso y se sancione a los responsables, mientras que autoridades federales han prometido reforzar la seguridad en Uruapan y municipios colindantes.
La Fiscalía adelantó que no se descartan nuevas detenciones, ya que la investigación continúa abierta y se busca identificar a otros posibles implicados en la planeación y ejecución del ataque.
Fuentes oficiales subrayan que este proceso judicial será clave para desmantelar la red criminal detrás del homicidio y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.
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