La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 460 votos, reformas al Código Penal Federal que incrementan las penas por delitos ambientales, las cuales podrán ir de dos a diez años de prisión. El dictamen, aún en discusión en lo particular, será enviado al Senado una vez concluida su votación.
Las nuevas disposiciones contemplan castigos de uno a nueve años de cárcel y multas de hasta cinco mil días a quienes desmonten, extraigan o destruyan vegetación natural.
Para quienes talen, derriben o arranquen árboles, las sanciones se fijan entre dos y diez años de prisión. Las mismas penas aplicarán a quienes ocupen, invadan o cambien ilegalmente el uso de suelo en terrenos forestales.
También se fortalecen las facultades de autoridades ambientales, especialmente ante el frecuente quebrantamiento de sellos.
Al presentar el dictamen, el morenista Julio César Moreno Rivera afirmó que la reforma responde a la crisis ambiental que atraviesa el país, marcada por incendios provocados, descargas clandestinas de contaminantes, tala acelerada y creciente tráfico de especies protegidas como la vaquita marina y la totoaba.
Subrayó que la propuesta reúne iniciativas de todas las fuerzas políticas, en un mensaje de unidad ante la devastación ambiental y la impunidad.
El proyecto incorpora nuevas figuras delictivas: daños a manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes; descargas ilegales en mantos acuíferos; agravantes por incendios con fines de lucro, y sanciones para quienes financien o encubran el tráfico de especies.
Desde el PRI, Arturo Yáñez Cuéllar respaldó la reforma al señalar que proteger el medio ambiente es una obligación moral frente a comunidades afectadas por la contaminación.
Por el PAN, Diana Estefanía Gutiérrez destacó que “ya no sale barato destruir un bosque o contaminar un río”, al considerar que el dictamen actualiza penas y fortalece los instrumentos legales contra taladores, contaminadores y traficantes.
El morenista Joaquín Zebadúa celebró que, por primera vez, se incluya responsabilidad penal para personas morales. Sostuvo que se acabaron las condiciones que permitían a empresas pagar multas mínimas integradas en sus costos de operación. “Ya no más”, remató.
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