En un análisis difundido este jueves por The New York Times, se advierte que la lucha contra los cárteles de la droga en México está siendo obstaculizada por una colusión política profundamente arraigada que va más allá de la violencia criminal y permea estructuras del poder político.
El artículo pone especial énfasis en que, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado enfrentamientos con organizaciones como el Cártel de Sinaloa, su gobierno también debe confrontar alianzas y complicidades políticas que dificultan desmantelar eficazmente los grupos delictivos y que podrían incluso debilitar la cohesión interna de la coalición gobernante.
Según la columna del diario estadounidense, figuras en diversas esferas del poder político mexicano actúan como “freno” a iniciativas de combate más agresivas, por temor a las repercusiones sociales y políticas de enfrentar tanto a los cárteles como a actores que se benefician de vínculos con el crimen organizado.
El análisis recuerda además la presión externa, en particular de Estados Unidos, incluida la insistencia del expresidente Donald Trump para intervenir de manera más directa en México para “eliminar” a los cárteles, señalando que esa narrativa pone en foco tanto la violencia del crimen como las presuntas fallas en la respuesta estatal.
El reporte también concuerda con informes de seguridad que documentan el persistente impacto de los cárteles en diversas regiones del país, donde tensiones entre facciones criminales han impulsado elevadas tasas de homicidios y ataques contra autoridades locales, un reto al que se suma la posible complicidad política.
Hasta el momento, el Gobierno federal ha defendido su estrategia de seguridad, negando que los cárteles controlen al Estado y afirmando que la violencia se combate con firmeza mediante operativos conjuntos y políticas de cooperación internacional.
La discusión expuesta por The New York Times reaviva el debate sobre cómo la interacción entre crimen organizado, corrupción e intereses políticos internos puede limitar la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia en México
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