La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México requiere cifras claras, leyes firmes y presupuesto suficiente para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas, al tiempo que llamó a combatir la impunidad y la corrupción con denuncias sustentadas.
Durante un evento con la presencia de una relatora de la ONU, la legisladora señaló que, pese a diferencias de enfoque, existe coincidencia en un objetivo común: “queremos que se erradique la violencia en contra de las niñas y en contra de las mujeres”.
Calificó como “preocupadísimo” el diagnóstico presentado por el organismo internacional y subrayó que los hallazgos sobre violencia de género trascienden fronteras. “Necesitamos hacer un análisis claro desde la ley para que podamos detener esto que está pasando”, sostuvo.
López Rabadán enfatizó que el país no requiere “cifras maquilladas”, sino datos reales que permitan diseñar políticas públicas efectivas. “Lo que México necesita son leyes, es presupuesto y son políticas públicas que ayuden a las mujeres y a las niñas en este país”, expresó.
También advirtió sobre la desaparición de niñas y jóvenes, y cuestionó que se frenen estadísticas “para que no se causara alarma”. A su juicio, la dimensión del problema debe reconocerse para atenderlo de manera integral.
La presidenta de la Mesa Directiva reconoció avances en derechos políticos y humanos de las mujeres, pero sostuvo que aún hay deudas pendientes. “No hemos llegado todas”, afirmó, al referirse a madres buscadoras y a mujeres que enfrentan un sistema de salud “lamentablemente colapsado”.
En ese contexto, denunció que muchas mujeres sufren “violencia institucional” al esperar consultas, diagnósticos o medicamentos. “Se necesita reconocer el problema, asignar recursos, que haya médicos, que haya medicinas”, insistió.
En otro tema, cuestionó lo que calificó como una “obsesión por el poder” en el servicio público. Señaló que los cargos tienen límites y deben ejercerse con legalidad y respeto. “El espacio público es para servir y todo tiene fecha de caducidad”, afirmó.
Sobre señalamientos de presuntos desvíos de recursos, pidió que quienes tengan pruebas las presenten ante las autoridades. “Quien tenga las pruebas está obligado legal y éticamente a presentarlas”, dijo, y añadió que, de comprobarse responsabilidades, “debe haber sanciones”.
Advirtió que cada peso mal utilizado afecta directamente a la población, pues podría destinarse a medicinas, vacunas o infraestructura escolar. “No es un tema de politizar, es un tema para encontrar una ruta legal en este país”, concluyó.
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