La reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó su primer gran obstáculo político en el Congreso, luego de que la iniciativa constitucional —conocida como Plan A— fuera rechazada al no alcanzar la mayoría calificada requerida. Ante este escenario, el gobierno federal y la mayoría legislativa de Morena anunciaron la preparación de un Plan B para mantener parte de los cambios propuestos en el sistema electoral mexicano.
El Plan A consistía en una reforma constitucional amplia que pretendía modificar de fondo el modelo electoral del país. La iniciativa contemplaba cambios en al menos once artículos de la Constitución con el objetivo de reducir el costo de las elecciones, modificar el sistema de representación política y ajustar el funcionamiento de las autoridades electorales.
Entre los principales puntos de esta propuesta se encontraba reducir en 25% el gasto público destinado a los procesos electorales, disminuir el financiamiento a los partidos políticos y redirigir esos recursos a programas sociales como salud y educación.
Asimismo, el proyecto planteaba cambiar el sistema de representación proporcional, que actualmente permite la existencia de legisladores plurinominales. La iniciativa proponía que los cargos legislativos fueran electos directamente por voto ciudadano, lo que implicaba eliminar o transformar las listas de representación proporcional en el Congreso.
Otro de los cambios incluidos en el Plan A era reducir el número de integrantes del Senado, que pasaría de 128 a 96 escaños, además de disminuir el tamaño de algunos congresos locales y establecer límites a los salarios de funcionarios electos.
La reforma también incorporaba nuevas reglas para las campañas electorales, entre ellas la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda política, la obligación de etiquetar contenidos generados con IA y la prohibición del uso de bots para influir en procesos electorales.
Sin embargo, el proyecto no logró reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Aunque obtuvo mayoría simple, quedó lejos de los dos tercios requeridos para una reforma constitucional, debido principalmente a que los partidos aliados de Morena —el Partido del Trabajo y el Partido Verde— retiraron su apoyo al considerar que algunos cambios afectarían la representación de fuerzas minoritarias.
Tras el fracaso legislativo, la presidenta anunció que su administración avanzará con un Plan B, que consistiría en impulsar reformas más acotadas, principalmente mediante modificaciones a leyes secundarias o nuevas iniciativas políticas que no requieren mayoría calificada.
Entre las medidas que se han planteado dentro de esta estrategia alternativa se encuentran impulsar consultas populares para reducir el financiamiento a los partidos, adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027 y establecer límites al gasto de congresos locales, ayuntamientos y del propio Senado.
Además, el Plan B podría incluir cambios administrativos y legales en la organización de los procesos electorales, como ajustes al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), modificaciones en reglas de financiamiento y eventuales cambios en la estructura operativa del organismo electoral.
Para analistas políticos, la diferencia central entre ambas estrategias radica en su alcance. Mientras el Plan A buscaba una transformación estructural del sistema electoral mediante cambios constitucionales, el Plan B apuesta por reformas parciales y graduales que puedan aprobarse con mayoría simple, manteniendo viva la agenda electoral del gobierno.
El rechazo de la reforma también evidenció tensiones dentro de la coalición oficialista y representó el primer gran revés legislativo para la administración de Sheinbaum. No obstante, el gobierno sostiene que continuará impulsando cambios al sistema electoral bajo el argumento de que busca reducir costos, limitar privilegios políticos y ampliar la participación ciudadana.
Deja una respuesta