El gobierno federal presentó la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, con la que busca reducir el gasto público en órganos electorales, limitar privilegios de funcionarios y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Durante la presentación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que la propuesta responde a una demanda social de austeridad y eficiencia en el uso de recursos públicos. “Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública”, señaló.
La funcionaria insistió en que la reforma mantiene la línea de austeridad del actual gobierno. “Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, dijo, al destacar que los recursos públicos deben destinarse a prioridades sociales.
Uno de los cambios centrales es la imposición de límites salariales a consejeros, magistrados y altos funcionarios de organismos electorales. “Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta… los sueldos deben ser dignos, pero no excesivos”, sostuvo.
Además, la iniciativa contempla la eliminación de prestaciones adicionales. “Se acabarán los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores y todo tipo de ingresos adicionales”, afirmó.
En el ámbito local, el proyecto propone reducir el tamaño de los cabildos municipales, con un mínimo de siete y un máximo de 15 regidores, así como limitar a una sindicatura por municipio. También establece un tope de 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales.
Rodríguez destacó que los recursos que se ahorren con estas medidas serán redirigidos a obras públicas. “Los ahorros… serán utilizados en infraestructura pública de los propios municipios y entidades”, explicó.
En materia de participación ciudadana, la reforma plantea ampliar los periodos para solicitar la revocación de mandato, permitiendo que se realice en el tercer o cuarto año de gobierno. “El pueblo de México ha tenido como demanda histórica formar parte de manera permanente en la toma de decisiones… el pueblo pone y el pueblo quita”, expresó.
Otro de los cambios relevantes es la modificación al inicio de los cómputos electorales. La propuesta busca que el conteo comience inmediatamente al cierre de la jornada electoral, con la llegada del primer paquete. “Que en ese instante empiece el cómputo… evitar cualquier manipulación en los días posteriores”, detalló.
El paquete también incluye reformas a leyes secundarias para reforzar la fiscalización de partidos y campañas. Entre ellas, la obligación de reportar operaciones financieras en tiempo real y transparentar las remuneraciones de dirigentes partidistas.
Asimismo, se prohíben aportaciones de origen ilícito, no comprobable, en efectivo o provenientes del extranjero.
La titular de Gobernación aseguró que estas modificaciones buscan responder a las exigencias actuales del país en materia democrática. “Deben asumir el compromiso de gastar lo justo porque son recursos públicos”, subrayó.
Finalmente, reiteró que la iniciativa tiene como eje fortalecer los derechos ciudadanos y reducir los excesos en el sistema político. “Esta reforma va por menos privilegios y más participación… siempre será el pueblo el que decida”, concluyó.
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