El diputado Ricardo Monreal presentó una iniciativa para prohibir que proveedores y empresas utilicen información de personas consumidoras con fines distintos a los mercadotécnicos o publicitarios, así como para impedir el envío de publicidad sin el consentimiento previo, libre, informado, expreso y verificable de los usuarios.
La propuesta, que plantea reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece que dicho consentimiento solo será válido respecto de la empresa que lo obtenga y permanecerá vigente hasta que el consumidor lo revoque.
El documento precisa que la autorización deberá ser independiente a la contratación de bienes o servicios, por lo que ninguna empresa podrá condicionar la venta o continuidad de sus productos a la aceptación de recibir publicidad.
Además, el consentimiento deberá otorgarse mediante una acción afirmativa, ya sea por escrito o a través de medios electrónicos u otras tecnologías que permitan comprobar de manera indubitable la voluntad del consumidor.
La iniciativa también reconoce el derecho de los usuarios a revocar en cualquier momento, de forma gratuita, su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales, mediante los mismos canales en los que fue otorgado.
Asimismo, se contempla la posibilidad de inscribirse en el Registro de Usuarios que no deseen que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos, administrado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Entre otros cambios, se propone actualizar las multas en Unidad de Medida y Actualización y sustituir el criterio actual —basado en solicitudes expresas para no recibir publicidad— por la exigencia de consentimiento previo.
El proyecto establece que, una vez recibida la revocación, los proveedores deberán cesar cualquier comunicación publicitaria en un plazo máximo de cinco días hábiles. Incluso con autorización vigente, solo podrán realizar un contacto mensual por consumidor a través de llamadas, correos electrónicos o mensajes.
También obliga a que toda publicidad incluya datos claros del proveedor responsable, así como información de contacto de la Procuraduría correspondiente.
Monreal subraya que ninguna empresa podrá usar, compartir o transferir datos personales con fines publicitarios sin autorización expresa o sin mandato de autoridad competente.
La iniciativa contempla además que los proveedores e instituciones financieras implementen mecanismos accesibles —como botones, enlaces o menús digitales— para que los usuarios puedan bloquear o cancelar de forma inmediata la recepción de publicidad.
Finalmente, se refuerza el papel de la Comisión Nacional con la consolidación de un Buró de Entidades Financieras, cuya información será pública y permitirá a los usuarios conocer el desempeño, prácticas, sanciones y reclamaciones de las instituciones del sector.
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