El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) adelantó que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados será convocada una vez que el Pleno concluya la votación del llamado “Plan B” en materia electoral, a fin de avanzar en el análisis de la solicitud de declaración de procedencia contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
El legislador, quien preside dicha instancia, sostuvo que la intención es evitar que el proceso jurídico se mezcle con el debate político derivado de la reforma electoral. Aseguró que no existe un retraso deliberado, sino que el avance depende de la documentación enviada por la Fiscalía de Campeche, la cual recientemente remitió nuevos elementos que serán revisados.
Flores Cervantes subrayó que la labor de la Sección Instructora se limita a determinar si las pruebas tienen sustento, en un procedimiento que —dijo— es de carácter jurídico y potencialmente judicial. Añadió que, aunque el dictamen del caso ya está elaborado, su análisis formal se llevará a cabo hasta que sesione el órgano legislativo.
Precisó que la nueva solicitud presentada por la Fiscalía de Campeche contra Moreno Cárdenas deriva de distintas carpetas de investigación relacionadas con su gestión como gobernador de esa entidad, por presuntos delitos como peculado, uso indebido de funciones y afectaciones a la administración de justicia. Indicó que una solicitud previa, correspondiente a su etapa como diputado, ya fue concluida y quedó sin materia.
El legislador también explicó que la Sección Instructora sólo tiene en curso este caso, mientras que diversos procesos de juicio político permanecen detenidos debido a que la Subcomisión de Examen Previo —integrada por las comisiones de Justicia y Gobernación— no ha sesionado.
En otro tema, Flores Cervantes informó que se prevé que el próximo miércoles se vote en comisión el dictamen para eliminar las denominadas “pensiones doradas”. Señaló que, en estados como Morelos, hasta la mitad del presupuesto legislativo se destina a este tipo de pagos, lo que consideró un exceso.
Recordó que existe un mandato constitucional que prohíbe que cualquier servidor público perciba un salario superior al del titular del Ejecutivo federal, disposición que, afirmó, aún no se cumple en diversos ámbitos del país.
Deja una respuesta