A tres semanas de haberse detectado un derrame de petróleo en playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, la mancha de crudo en el Golfo de México continúa expandiéndose y generando afectaciones severas en ecosistemas marinos y en las comunidades costeras.
El fenómeno fue reportado por primera vez el pasado 1 de marzo en municipios del norte de Veracruz, como Tamiahua, Tuxpan y Cazones. Desde entonces, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de aproximadamente 630 kilómetros de litoral, abarcando prácticamente toda la franja del Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México, desde la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco.
Hasta ahora, las autoridades no han determinado el origen del derrame ni han confirmado si éste ha sido contenido, lo que impide también identificar y sancionar a los responsables.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el pasado 19 de marzo que las labores de limpieza presentan un avance general de 85 por ciento, con acciones concentradas en zonas como Playa Barillas, Playa Linda y Jicacal. No obstante, registros de la Red del Corredor Arrecifal y de comunidades locales documentan que al menos 26 sitios no han recibido atención: en nueve la limpieza ha sido realizada únicamente por habitantes, en ocho de forma conjunta con autoridades y en otros ocho por parte de la empresa.
Además del impacto ambiental, la contingencia ha derivado en una crisis social. Comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes han participado en labores de limpieza sin equipo ni capacitación adecuados, mientras enfrentan pérdidas económicas sin haber recibido indemnizaciones.
Esteban Hernández Hernández, representante de un campamento tortuguero en la región, denunció que el crudo continúa llegando a las playas. “Aún sigue saliendo petróleo; tenemos siete kilómetros de playa donde anidan tortugas. No sabemos quién se hará responsable de los daños”, señaló, al advertir también afectaciones al turismo y a los arrecifes de coral.
Ante este panorama, organizaciones y comunidades exigieron a las autoridades federales asumir su responsabilidad en la supervisión y atención de la emergencia. Entre las demandas destacan la suspensión de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos como medida precautoria, la transparencia sobre el origen del derrame y la sanción a los responsables.
Asimismo, hicieron un llamado a establecer mecanismos de protección para el corredor arrecifal y garantizar los derechos de las comunidades afectadas, incluyendo el acceso a un ambiente sano, a la salud y a medios de subsistencia.
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