El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de Vivienda para sustituir el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, el cual incorpora criterios internacionales como accesibilidad, habitabilidad, servicios, seguridad jurídica y ubicación.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada en lo general con 356 votos a favor y 99 en contra, y en lo particular con 354 votos a favor y 95 en contra. El documento fue turnado al Senado para su análisis.
La reforma establece que la Política Nacional de Vivienda deberá articular a organismos públicos y privados para facilitar el acceso a crédito, construcción, rehabilitación y autoproducción de vivienda. Además, permitirá a instituciones como Infonavit y Fovissste adquirir terrenos, urbanizarlos, construir o arrendar viviendas, incluso bajo esquemas de arrendamiento con opción a compra.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz (PT), señaló que el objetivo es armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional de 2024 y garantizar el derecho a una vivienda adecuada bajo estándares medibles.
Desde Morena, legisladores defendieron que la reforma representa un cambio de paradigma al priorizar el carácter social de la vivienda y ampliar el acceso a créditos baratos, especialmente para jóvenes.
En contraste, diputados del PAN y PRI advirtieron que el nuevo modelo podría poner en riesgo los ahorros de los trabajadores al permitir el uso de recursos de los fondos de vivienda para proyectos inmobiliarios. También cuestionaron la falta de controles claros y la posible discrecionalidad en la ejecución.
El dictamen incluye disposiciones para evitar afectaciones a la solvencia de los fondos de vivienda y establece que no habrá ampliaciones presupuestales para su implementación.
La reforma forma parte de la meta del gobierno federal de construir 1.8 millones de viviendas bajo criterios de “vivienda adecuada”, en un esquema que incorpora nuevas modalidades como el arrendamiento social.
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