Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general y en los artículos no reservados el decreto del denominado “Plan B” de reforma electoral, impulsado por Morena y sus aliados, enfocado en la reducción de privilegios dentro del sistema político.
El dictamen, respaldado por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea medidas de austeridad como la disminución de costos en órganos legislativos y estructuras gubernamentales, bajo el argumento de eliminar excesos y redirigir recursos públicos.
Sin embargo, pese al aval en lo general, el proceso legislativo evidenció diferencias dentro del bloque oficialista, particularmente por el tema de la revocación de mandato.
El PT se deslindó de dicho apartado al expresar su rechazo a la forma en que se plantea su aplicación, especialmente por la posibilidad de empatarla con procesos electorales, lo que —según sus legisladores— podría afectar la equidad en las contiendas.
La falta de consenso ha abierto la posibilidad de que ese punto sea eliminado del dictamen en la discusión en lo particular, ante la dificultad de alcanzar mayoría calificada en ese artículo.
Aunque Morena y sus aliados han reiterado su respaldo al “Plan B” como un instrumento para combatir privilegios y reducir el gasto político, las diferencias internas reflejan tensiones en la coalición legislativa, que podrían modificar el alcance final de la reforma.
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