Un tribunal colegiado federal ordenó reabrir la investigación por presunta tortura contra Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, al detectar irregularidades en el proceso judicial previo.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la sentencia que había negado un amparo a Aburto y ordenó reponer el procedimiento, lo que implica que un juez deberá retomar el análisis de la denuncia por tortura presentada por el propio sentenciado.
La resolución se produce después de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó en 2024 no ejercer acción penal al considerar que no existían elementos que acreditaran actos de tortura durante la detención del acusado.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que hubo violaciones al debido proceso —particularmente por no haber emplazado a terceros interesados—, por lo que ordenaron dejar sin efectos la resolución anterior y reiniciar el trámite del amparo.
El caso regresará al juzgado de origen, donde deberá determinarse nuevamente si procede o no investigar posibles actos de tortura denunciados por Aburto, quien sostiene desde hace años que fue obligado a declararse culpable.
Contexto: el caso Colosio
El asesinato de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato presidencial del PRI, ocurrió el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, uno de los episodios más impactantes de la historia política reciente de México.
Mario Aburto fue detenido en el lugar de los hechos y, tras múltiples declaraciones, confesó ser el autor material del crimen. Fue sentenciado a más de cuatro décadas de prisión, pena que continúa cumpliendo.
A lo largo de los años, el caso ha estado rodeado de controversias: desde fallas en la investigación inicial hasta teorías sobre un posible complot. Aunque en el año 2000 la fiscalía concluyó que Aburto actuó solo, el expediente ha sido reabierto en distintas ocasiones.
Un caso que sigue abierto
La nueva resolución judicial se suma a una serie de revisiones recientes en torno al caso Colosio, que ha cobrado vigencia política y judicial en los últimos años.
Además del debate sobre la posible tortura, el caso ha incluido discusiones sobre la sentencia de Aburto, intentos de reducir su condena e incluso nuevas líneas de investigación sobre posibles cómplices.
Con esta decisión, el Poder Judicial abre nuevamente una ruta para revisar posibles violaciones a derechos humanos en uno de los expedientes más emblemáticos y polémicos del país, a más de tres décadas del magnicidio.
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