Las diputadas del PVEM, Ruth Maricela Silva Andraca y Ana Erika Santana González, advirtieron que las políticas públicas en materia de prevención del suicidio son insuficientes frente a la magnitud del problema, principalmente por la falta de presupuesto, por lo que urgieron a fortalecer la atención de la salud mental con recursos etiquetados y acciones integrales.
Durante el “Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios”, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca señaló que en la Cámara de Diputados existen diversas iniciativas y proyectos legislativos en la materia que permanecen detenidos, debido a que requieren respaldo presupuestal.
“Ninguna vida de ningún ser humano tiene precio y un impacto presupuestal será mínimo cuando podamos salvar una vida”, expresó.
Detalló que las propuestas buscan reformar la Ley General de Salud, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de incorporar la salud mental como eje prioritario de las políticas públicas.
Asimismo, informó que se analiza la posible expedición de una Ley General de Prevención del Suicidio, con la finalidad de mejorar la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia y evaluar resultados, además de identificar grupos prioritarios como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y sectores en situación de vulnerabilidad.
La legisladora añadió que dicha legislación permitiría fortalecer la capacitación obligatoria y continua del personal de salud, educativo y de seguridad pública para detectar señales de alerta e intervenir en situaciones de crisis, además de establecer protocolos comunes entre escuelas, centros de salud, líneas de atención y organizaciones civiles.
Por su parte, la diputada Ana Erika Santana González sostuvo que hablar de salud mental y prevención del suicidio implica hablar de vidas perdidas, familias afectadas y de una respuesta institucional que durante años llegó tarde.
Reconoció que México ha comenzado a transitar hacia un nuevo paradigma al considerar el suicidio como un problema prioritario de salud pública; sin embargo, afirmó que los avances siguen siendo insuficientes.
Por ello, propuso la creación de un Programa Nacional Unificado de Prevención y Postvención del Suicidio, que articule y dé coherencia a las acciones existentes, basado en tres ejes: prevención temprana en escuelas, fortalecimiento de la atención primaria en salud mental y acompañamiento psicológico a familias que pierden a un ser querido.
También planteó la creación de un fondo presupuestal específico para salud mental y prevención del suicidio, con reglas claras de operación, indicadores de impacto y evaluación permanente.
En el foro, el diputado Luis Enrique Miranda Barrera afirmó que el suicidio suele presentar señales previas relacionadas con factores como acoso escolar, presiones sociales, adicciones, depresión y ansiedad, por lo que llamó a fortalecer la prevención desde los hogares y la sociedad.
A su vez, José Joaquín Ceballos, CEO y fundador de la Coalición Internacional en Prevención del Suicidio, consideró indispensable contar con una ley federal que articule la atención, detección y prevención de conductas autolesivas, ante el incremento sostenido de casos en distintos grupos poblacionales.
Especialistas participantes coincidieron en la urgencia de ampliar el acceso a servicios de salud mental, capacitar a la población para identificar señales de alerta y actualizar los marcos normativos para enfrentar esta problemática.
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