La diputada Rosa María Castro Salinas (Morena) calificó como un hecho histórico la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 25 de marzo, mediante la cual se reconoce la trata transatlántica de esclavos y la esclavización racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave”.
En conferencia de prensa, acompañada por las diputadas Katia Castillo Lozano, Herminia López Santiago y Dionisia Vázquez García, la secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos sostuvo que no se trata de un pronunciamiento menor, sino del reconocimiento de una deuda histórica invisibilizada durante siglos.
“Esta resolución que ha puesto en el centro la Organización de las Naciones Unidas es un parteaguas en la vida de las y los afrodescendientes. Celebramos esta declaración, pero también asumimos los compromisos y la responsabilidad para la justicia reparativa, pronta e inmediata, para todas y todos los afromexicanos en México”, expresó.
La legisladora recordó que durante más de 400 años millones de personas fueron despojadas de su libertad, identidad y dignidad humana bajo un sistema que convirtió a seres humanos en propiedad y sentó las bases del racismo estructural y sistémico que aún persiste en diversas sociedades.
Señaló que la comunidad internacional reconoce una demanda histórica de los pueblos afrodescendientes: que las consecuencias de la esclavitud siguen vigentes en forma de desigualdad económica, discriminación, exclusión y profundas brechas en el acceso a derechos.
Por ello, indicó que el reconocimiento de la ONU también implica la responsabilidad de los Estados para avanzar en la reparación del daño mediante acciones concretas como restitución, indemnización y garantías de no repetición.
Castro Salinas consideró que en México, nación con profunda herencia afrodescendiente, este llamado no puede ser ignorado, por lo que urgió a fortalecer políticas públicas contra el racismo sistémico, incorporar la historia afrodescendiente en los sistemas educativos y promover la justicia social con una visión intercultural, antirracista e interseccional.
Asimismo, destacó que la resolución visibiliza las violencias específicas sufridas por mujeres afromexicanas y afrodescendientes, entre ellas la explotación sexual y la reproducción forzada, temas históricamente silenciados.
Finalmente, reiteró su compromiso de impulsar una agenda legislativa que coloque en el centro a las personas afromexicanas y afrodescendientes, combata las desigualdades históricas y contribuya a saldar una deuda pendiente en materia de derechos humanos.
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