Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptó finalmente que el megaderrame de hidrocarburos que afectó al Golfo de México desde febrero se originó en una fuga de su propia infraestructura marina, en un giro que contradice la versión sostenida por autoridades federales durante semanas.
El director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, informó que la fuente del vertido fue una fuga en un ducto de 36 pulgadas localizado cerca de la plataforma Abkatún, dentro del complejo Cantarell, en la Sonda de Campeche. Según la explicación oficial, la reparación inició el 8 de febrero y concluyó el día 18, pero durante ese periodo el crudo ya se había dispersado mar adentro y posteriormente alcanzó zonas costeras.
La admisión llega después de una cadena de versiones contradictorias. En marzo, el Gobierno federal atribuyó la contaminación a una embarcación no identificada y a “emanaciones naturales” de chapopoteras submarinas, mientras descartaba una responsabilidad directa de Pemex. Esa narrativa fue cuestionada por organizaciones ambientales, especialistas y reportes periodísticos que señalaban evidencia satelital y movimientos operativos en la zona del ducto ahora reconocido como origen del incidente.
Destituciones internas
Como consecuencia inicial del caso, tres altos mandos fueron separados de sus cargos por presuntas omisiones en la atención y escalamiento del incidente. De acuerdo con reportes oficiales, las remociones alcanzan áreas vinculadas con seguridad industrial, protección ambiental y control de derrames. Hasta ahora no se han difundido públicamente sus nombres.
El propio director de Pemex sostuvo que la alta dirección no fue informada a tiempo de la magnitud del problema, por lo que se revisarán los protocolos internos de reporte y respuesta ante emergencias ambientales.
Daño ambiental y social
El derrame impactó más de 600 kilómetros de litoral, con reportes de contaminación en playas, manglares, lagunas y zonas pesqueras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Comunidades ribereñas denunciaron afectaciones a la pesca, mortandad de fauna marina y pérdidas económicas por la suspensión de actividades productivas.
Antes de la admisión oficial, organizaciones como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtieron que la emergencia había comenzado semanas antes de lo informado por las autoridades y acusaron ocultamiento de información. Según sus análisis, para el 19 de febrero la mancha de hidrocarburos ya cubría cerca de 300 kilómetros cuadrados.
Investigación abierta
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentó una denuncia para determinar responsabilidades administrativas, ambientales o incluso penales por el manejo del caso. Paralelamente, dependencias federales mantienen trabajos de limpieza, monitoreo y evaluación de daños en la zona afectada.
El episodio reabre cuestionamientos sobre mantenimiento, supervisión y transparencia en la principal empresa productiva del Estado, que en los últimos meses también ha enfrentado incendios y nuevos derrames en otras instalaciones, entre ellas la refinería Deer Park en Texas y la refinería Olmeca en Dos Bocas.
Para analistas del sector, el mayor costo político no sólo está en el derrame, sino en la demora para reconocer su origen. La siguiente etapa será medir el daño ambiental real, compensar a las comunidades afectadas y fincar responsabilidades concretas dentro y fuera de la empresa.
Deja una respuesta