En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y regular la reventa digital de boletos para eventos y espectáculos en México.
La legisladora, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, advirtió que la alta demanda y la oferta limitada en eventos masivos han impulsado un mercado secundario en crecimiento, al que recurren miles de personas que no consiguen entradas en canales oficiales.
Recordó que México albergará 13 partidos del Mundial de 2026, programado del 11 de junio al 19 de julio, por lo que consideró necesario fortalecer la protección de los consumidores en lugar de mantener un esquema de prohibición que, dijo, sólo empuja la reventa a la clandestinidad.
Durante una conferencia de prensa, explicó que su propuesta crea un nuevo capítulo en la legislación para definir la reventa digital de boletos como la comercialización de accesos por un tercero distinto al proveedor autorizado mediante plataformas de intermediación.
La iniciativa obliga a las plataformas a verificar la autenticidad de los boletos antes de publicarlos, garantizar reembolsos, ofrecer protección contra fraudes e informar claramente la identidad del vendedor.
Además, plantea que el sobreprecio no pueda exceder el 100 por ciento del valor original del boleto, es decir, que ninguna entrada pueda venderse a más del doble de su precio inicial.
Bañuelos sostuvo que el objetivo es frenar prácticas abusivas y dar certeza jurídica a un mercado que actualmente opera sin controles ni garantías para los compradores.
Como parte de la propuesta, se faculta a Profeco para crear el Registro Público de Plataformas Tecnológicas de Intermediación Autorizadas para la Reventa Digital de Boletos, obligatorio para toda persona física o moral que pretenda operar en el país.
Entre los requisitos para las plataformas destacan la identificación fiscal y jurídica del operador, mecanismos de protección al consumidor, protocolos de autenticación y trazabilidad, respeto al precio máximo permitido, políticas de cancelación y reembolso, verificación de identidad de revendedores y medidas tecnológicas para evitar el acaparamiento de boletos.
El registro sería público, accesible en línea y con actualización mensual.
“Es momento de que empresas o personas que revenden boletos tengan reglas que ayuden a proteger a los consumidores. Hoy existe un vacío regulatorio y este mercado opera en la informalidad”, concluyó la legisladora.
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