La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla anunció que a partir de esta semana se presentará una “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la respuesta del organismo ante observaciones internacionales sobre desaparición forzada en México.
La legisladora de Movimiento Ciudadano subrayó que los recursos no serán impulsados por partidos, sino por víctimas, madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos y colectivos de distintas entidades del país.
“Esto no es un asunto de partidos políticos, es un asunto de las víctimas y su acceso a la justicia”, sostuvo al explicar que las solicitudes quedarán en manos de quienes han enfrentado directamente la crisis de desapariciones.
Ballesteros consideró negligente la postura asumida por la CNDH frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y afirmó que el Poder Legislativo no puede mantenerse omiso ante los señalamientos sobre estos delitos.
Indicó que los expedientes se sustentarán en presunta inacción, solapamiento y encubrimiento, así como en la posible colusión entre autoridades y grupos criminales en diversos casos. Añadió que el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y garantizar verdad, reparación del daño y medidas de no repetición.
Además de las acciones en el Congreso, adelantó que acudirán a instancias internacionales en Ginebra para cuestionar la autonomía de la CNDH, y presentarán denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad relacionados con desapariciones.
En otro frente, la diputada se refirió al feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en la Ciudad de México y anunció que pedirá a la Cámara de Diputados agilizar el trámite de la Ley General contra Feminicidios, aprobada recientemente por el Senado.
Solicitó que el dictamen sea turnado de inmediato a comisiones y votado esta misma semana en el Pleno, al advertir que la violencia contra mujeres y niñas exige una respuesta legislativa urgente.
También señaló presuntas omisiones de las autoridades capitalinas, al recordar que la legislación vigente no obliga a esperar 72 horas para activar protocolos de búsqueda en desapariciones con indicios de feminicidio.
















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