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Frena Lenia Batres cobro de 5.8 mil millones de pesos que CDMX reclamaba su hermano Martí del ISSSTE

Con proyecto de la ministra Lenia Batres, el máximo tribunal ordenó recalcular la deuda fiscal; el caso reaviva cuestionamientos por el parentesco con el director del instituto, Martí Batres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó este jueves el cobro de 5 mil 810 millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México reclamaba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por diversos impuestos locales correspondientes al periodo 2009-2013. 

La resolución fue aprobada por mayoría de seis votos contra uno, a partir de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso conceder el amparo al organismo federal y devolver el expediente a un tribunal colegiado para recalcular el monto reclamado bajo nuevos criterios constitucionales. 

El litigio se originó por créditos fiscales determinados en 2017 por autoridades capitalinas por concepto de impuesto predial, nómina y derechos de agua. Los adeudos correspondían a ejercicios fiscales de 2009 a 2013 y, en conjunto, ascendían a más de 5.8 mil millones de pesos. 

En su argumentación, Batres sostuvo que diversos inmuebles del ISSSTE están sujetos al régimen de dominio público, por lo que gozan de exención frente a contribuciones locales. Además, señaló que la autoridad hacendaria debía acreditar cuáles bienes no tenían esa condición, y no trasladar esa carga probatoria al instituto. 

La discusión también estuvo marcada por el vínculo familiar entre la ministra y el actual director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama. Distintas versiones periodísticas señalaron que antes de la votación se planteó retirar el asunto de la lista para revisar observaciones adicionales, pero la propuesta se mantuvo para su resolución en la misma sesión. 

Con la decisión, la Corte no canceló en definitiva el adeudo, pero sí dejó sin efecto el cobro inmediato y ordenó una nueva revisión judicial que podría reducir de manera significativa el monto originalmente reclamado por la administración capitalina.

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