Por años, el 10 de mayo en México estuvo asociado con flores, festivales escolares y reuniones familiares. Pero para miles de mujeres, la fecha dejó de ser celebración y se convirtió en una jornada de protesta, memoria y exigencia.
Son las madres buscadoras: mujeres que cambiaron los regalos por palas, las serenatas por brigadas de búsqueda y las fotografías familiares por fichas de desaparición.
México vive una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reconoce más de 132 mil personas desaparecidas en el país, mientras organizaciones civiles advierten que las cifras continúan creciendo.
Tan sólo entre 2024 y 2025 se duplicó el ritmo de crecimiento de desapariciones, de acuerdo con informes especializados.
Los estados con mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, entidades donde la violencia criminal, la impunidad y la debilidad institucional han convertido amplias zonas en territorios de búsqueda permanente. Jalisco acumula cerca de 15 mil casos; Tamaulipas supera los 13 mil y el Estado de México rebasa los 12 mil registros.
A esta tragedia se suma el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas en el país, donde colectivos han encontrado miles de cuerpos y restos humanos.
Pero detrás de las cifras hay mujeres que se negaron a aceptar el silencio institucional.
Las madres buscadoras han realizado labores que constitucionalmente corresponden al Estado: rastrean terrenos baldíos, inspeccionan ranchos, recorren cárceles, hospitales y servicios forenses. Muchas aprendieron a identificar restos óseos, interpretar mapas y usar varillas de sondeo para localizar enterramientos clandestinos.
En entidades como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato o Veracruz, colectivos ciudadanos han encontrado restos humanos antes que las propias fiscalías. Incluso en la Ciudad de México, madres buscadoras localizaron recientemente restos óseos en distintos puntos de la capital.
Su lucha también ha evidenciado el tamaño de la crisis forense nacional: miles de cuerpos permanecen sin identificar en morgues y servicios médicos del país.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, colectivos denunciaron intentos de minimizar el número de desaparecidos mediante modificaciones al censo nacional. Ahora, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, las organizaciones acusan continuidad en la indiferencia institucional.
Colectivos de búsqueda han criticado la metodología del nuevo informe federal sobre desapariciones y reclaman que las acciones oficiales siguen concentradas en procesos administrativos, mientras las familias continúan haciendo trabajo de campo.
La molestia aumentó luego de que madres buscadoras acusaran exclusión en la construcción de políticas públicas y reclamaran que el gobierno federal intenta controlar la narrativa de la crisis antes que enfrentarla.
Organizaciones internacionales también han advertido que México enfrenta una grave crisis de derechos humanos vinculada con desapariciones, impunidad y violencia criminal.
Mientras el discurso oficial insiste en reportar personas localizadas y avances estadísticos, las madres siguen cavando la tierra.
Muchas lo hacen bajo amenazas del crimen organizado. Otras han sido asesinadas durante la búsqueda de sus hijos. Aun así, continúan.
Porque en México hay madres que no pueden llevar flores a casa este 10 de mayo. Hay madres que marcharán con lonas, fotografías y cruces. Madres que aprendieron que en este país la búsqueda no termina cuando desaparece un hijo, sino cuando el Estado decide mirar hacia otro lado.
Y mientras las cifras siguen creciendo, son ellas —no las instituciones— quienes sostienen la memoria de los ausentes.
Foto: Naciones Unidas
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