El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para impedir que instituciones financieras obstaculicen el derecho de portabilidad de las personas usuarias y reforzar la protección de datos financieros conductuales.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Monreal explicó que el objetivo es fortalecer la autonomía económica de las personas, garantizar la portabilidad financiera digital y evitar prácticas que dificulten el cambio de institución bancaria o financiera.
La iniciativa busca que los usuarios puedan transferir su información financiera a otras instituciones en formatos interoperables y reutilizables, sin perder pagos, servicios o configuraciones, además de prohibir mecanismos técnicos o contractuales que inhiban ese derecho.
El coordinador de Morena advirtió que millones de usuarios aceptan términos y condiciones complejos sin comprender el alcance del uso de sus datos personales y financieros.
“El consentimiento deja de ser completamente libre cuando el ciudadano no entiende cómo operan los mecanismos de perfilamiento digital que influyen en sus decisiones económicas”, expuso.
El proyecto incorpora la figura de “datos financieros conductuales”, entendidos como aquellos derivados de hábitos de consumo, patrones financieros e interacción digital, y establece que tendrán una protección diferenciada.
También plantea que las entidades financieras ofrezcan mecanismos de consentimiento expreso, granular y revocable para la transferencia de datos y que reporten periódicamente a la autoridad indicadores sobre solicitudes de portabilidad, tiempos de atención y causas de rechazo.
Monreal sostuvo que actualmente muchos usuarios permanecen en una institución financiera “no porque sea la mejor opción, sino porque cambiarse sigue siendo complejo y costoso”.
Asimismo, señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá emitir estándares técnicos, operativos y de seguridad para garantizar la interoperabilidad y protección de la información financiera.
El legislador argumentó que la reforma se sustenta en el artículo 16 constitucional, que garantiza el derecho a la protección de datos personales y los derechos ARCO.
La iniciativa fue suscrita también por los diputados Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Raúl Bolaños-Cacho Cué.
En otro tema, durante una entrevista radiofónica, Monreal respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a los casos de extradición vinculados con funcionarios de Sinaloa.
Afirmó que México y Estados Unidos deben mantener una relación de respeto y cooperación, pero subrayó que los procedimientos de extradición deben apegarse estrictamente a la ley y mantenerse bajo sigilo.
“Si Estados Unidos negó en 37 ocasiones extradiciones por falta de pruebas, es su derecho, como es el derecho de México a no extraditar si no hay pruebas”, declaró.
Monreal también diferenció entre el juicio político y la declaración de procedencia, al señalar que el primero tiene fines de destitución e inhabilitación política, mientras que el segundo implica retirar la inmunidad procesal para proceder penalmente contra un servidor público.
Sobre la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, indicó que al no encontrarse en funciones ya no puede ser destituido ni perder el fuero, por lo que el alcance sería únicamente una eventual inhabilitación.
En contraste, sostuvo que el caso de Chihuahua sí podría encuadrar en un juicio político porque la gobernadora continúa en funciones y existen señalamientos relacionados con presuntos acuerdos con agencias estadounidenses.
Monreal afirmó que el artículo 117 constitucional prohíbe a las entidades federativas celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros sin autorización federal y consideró grave cualquier intervención de agencias como la CIA o la DEA fuera del marco legal.
Finalmente, llamó a que el debate político y legislativo se conduzca “con racionalidad, altura de miras y en beneficio del país”.
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