La crisis política y judicial alrededor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entró este viernes en una nueva fase luego de que dos exintegrantes de su gabinete quedaran bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, fue detenido en Arizona y trasladado a Nueva York, mientras que Enrique Díaz Vega, extitular de Finanzas del gobierno sinaloense, se entregó voluntariamente ante autoridades estadounidenses. Ambos forman parte del grupo de funcionarios señalados por fiscales federales de presuntamente operar una red de protección política para “Los Chapitos”.
Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostienen que funcionarios del gobierno de Rocha Moya recibieron sobornos y facilitaron información sensible al grupo criminal encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de apoyo político y electoral.
En el caso de Mérida Sánchez, la acusación señala que habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares para alertar al cártel sobre operativos de seguridad y permitir el funcionamiento de laboratorios clandestinos.
Díaz Vega, identificado como uno de los hombres más cercanos al gobernador con licencia, es acusado de haber servido como enlace político entre el gobierno estatal y “Los Chapitos” durante la campaña electoral de 2021. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses y españoles, también habría participado en esquemas de intimidación contra adversarios políticos.
La entrega de ambos exfuncionarios ocurre cuando se cumplen tres semanas desde que Rocha Moya solicitó licencia al cargo, luego de ser incluido en una acusación del gobierno estadounidense por presuntos nexos con el narcotráfico. Desde entonces, el mandatario no ha reaparecido públicamente y su ubicación permanece desconocida.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos no ha entregado pruebas suficientes para proceder penalmente contra el mandatario sinaloense, las investigaciones ya alcanzan a varios integrantes de su círculo político y administrativo.
En paralelo, autoridades financieras mexicanas mantienen abiertas investigaciones sobre cuentas bancarias y movimientos patrimoniales de Rocha Moya y personas cercanas a su gobierno, dentro de una indagatoria coordinada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Deja una respuesta