La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la segunda elección del Poder Judicial, como parte de los ajustes promovidos por el gobierno federal al nuevo modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 341 votos a favor y 124 en contra, durante el periodo extraordinario convocado en San Lázaro. La propuesta plantea que la próxima jornada electoral judicial federal y local se realice el primer domingo de junio de 2028 y no en 2027, como establecía originalmente la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye además cambios al sistema de selección de candidaturas judiciales, reducción del número de aspirantes en las boletas, nuevos mecanismos de evaluación y la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios entre los comités de evaluación de los tres poderes.
El gobierno federal justificó el aplazamiento bajo argumentos operativos y logísticos. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sostuvo previamente que en 2027 coincidirían elecciones federales, estatales y judiciales, lo que obligaría a instalar casillas separadas y podría generar confusión entre los votantes.
La reforma también abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con un eventual proceso de revocación de mandato presidencial en 2028.
Durante la discusión, Morena y sus aliados defendieron que los cambios buscan “perfeccionar” la reforma judicial y facilitar la participación ciudadana. La diputada morenista Julieta Kristal Vences afirmó que el ajuste permitirá mejorar los procedimientos, simplificar las boletas y fortalecer la capacitación de magistrados y jueces.
En contraste, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron al oficialismo de corregir “sobre la marcha” una reforma que consideraron inviable desde su aprobación. Legisladores opositores señalaron que el aplazamiento representa un reconocimiento de las fallas estructurales del nuevo modelo judicial y advirtieron riesgos para la autonomía del Poder Judicial.
Entre los cargos que serían renovados en 2028 se encuentran cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, más de 460 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y cientos de cargos judiciales locales.
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