El diputado Joaquín Zebadúa Alva, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de prevenir y regular los conflictos de interés en el Poder Legislativo, mediante nuevas obligaciones de transparencia, control del cabildeo y sanciones para evitar la influencia indebida de intereses privados en la toma de decisiones públicas.
Acompañado por representantes de organizaciones civiles como El Poder del Consumidor, Fundar, Poder LATAM y la colectiva CambiemoslaYa, el legislador explicó que la propuesta contempla la creación de un padrón público de cabilderos, mecanismos obligatorios para que diputadas y diputados se excusen de participar en asuntos donde tengan algún conflicto de interés, así como restricciones para impedir que exlegisladores se desempeñen como cabilderos durante cinco años después de concluir su encargo.
Zebadúa Alva señaló que la iniciativa surgió a partir de experiencias registradas durante la discusión de la reforma a la Ley Minera en la Legislatura pasada, cuando se detectaron intentos de modificar el contenido de disposiciones clave mediante prácticas de cabildeo no transparentes.
Recordó que uno de los casos ocurrió en la redacción relacionada con la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas para proyectos mineros, donde cambios aparentemente menores alteraban el sentido original de la norma.
“Queremos tener la absoluta certeza de quiénes están haciendo cabildeo y quiénes tienen conflicto de interés”, afirmó.
El legislador explicó que el proyecto fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por las diputadas Claudia Rivera Vivanco, Xóchitl Zagal y Tatiana Ángeles, así como el diputado José Armando Fernández Samaniego, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y rendición de cuentas.
Advierten riesgo de corrupción estructural
Durante la presentación, Cristian Torres, representante de El Poder del Consumidor, sostuvo que la reforma es fundamental para fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción dentro del Congreso.
Señaló que los conflictos de interés representan una amenaza para la imparcialidad de las decisiones públicas cuando los intereses particulares interfieren con las responsabilidades de los servidores públicos.
“Los conflictos de interés erosionan la confianza pública, distorsionan las políticas públicas y permiten que decisiones que deberían responder al bienestar colectivo terminen beneficiando a unos cuantos”, advirtió.
Como ejemplo, mencionó el caso de Mahahual, Quintana Roo, donde, dijo, existen cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con proyectos privados y cambios de uso de suelo con impactos ambientales y sociales.
Por su parte, María Julieta Lamberti, de Poder LATAM, consideró que la declaración de conflictos de interés debe ir más allá de un requisito administrativo y convertirse en una herramienta efectiva de rendición de cuentas.
Entre las medidas complementarias que planteó destacan la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios, así como la creación de registros de personas políticamente expuestas y de beneficiarios reales de empresas.
Primera regulación vinculante sobre conflicto de interés en el Congreso
Janet Oropeza, representante de Fundar, destacó que la iniciativa incorpora por primera vez mecanismos específicos y vinculantes para regular tanto el conflicto de interés como el cabildeo dentro del Congreso mexicano, atendiendo recomendaciones formuladas por organismos internacionales.
En tanto, Óscar Reséndiz, también de El Poder del Consumidor, aseguró que la propuesta busca proteger derechos humanos como la salud, el acceso al agua, la vivienda y el medio ambiente, al impedir que intereses económicos capturen decisiones legislativas.
La iniciativa contempla sanciones administrativas, multas e inhabilitaciones para quienes incumplan las disposiciones, además de reglas para transparentar los vínculos entre legisladores y grupos de interés.
Zebadúa Alva enfatizó que el objetivo no es limitar la participación de sectores productivos en el proceso legislativo, sino garantizar que ésta se realice bajo reglas claras, transparentes y libres de incentivos indebidos.
“Lo que buscamos es evitar prácticas opacas y asegurar que las decisiones públicas respondan al interés general y no a beneficios particulares”, concluyó.
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