Autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, exmilitar mexicano buscado por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La captura fue confirmada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que informó que Martínez Chávez permanecerá bajo su custodia mientras se realizan los procedimientos para su eventual retorno a México.
El exsoldado, de 32 años, formó parte del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala y era considerado prófugo de la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República lo busca por el presunto delito de desaparición forzada de personas relacionado con uno de los casos más emblemáticos y controvertidos de violaciones a derechos humanos en México.
Su nombre apareció entre los militares señalados en las investigaciones derivadas del caso Ayotzinapa. En 2022, la FGR obtuvo decenas de órdenes de aprehensión contra funcionarios y elementos castrenses presuntamente vinculados con los hechos; sin embargo, varias de esas órdenes fueron posteriormente canceladas, en medio de diferencias internas dentro de las instancias encargadas de la investigación.
La detención ocurre cuando el expediente Ayotzinapa sigue abierto y bajo presión de los familiares de los normalistas desaparecidos, quienes han exigido durante más de una década acceso completo a archivos militares y el esclarecimiento de la posible participación de integrantes del Ejército en los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
Apenas en marzo pasado, un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la totalidad de la información de inteligencia recabada en torno al caso, tras reclamos de los familiares por la presunta retención de documentos clave para la investigación.
La captura de Martínez Chávez representa uno de los movimientos más relevantes en la búsqueda de responsables del caso Ayotzinapa fuera del territorio mexicano y abre la puerta a un nuevo proceso de cooperación judicial entre México y Estados Unidos.
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