A poco más de dos años de la primera elección judicial nacional, magistradas y magistrados electorales locales plantearon en la Cámara de Diputados la necesidad de revisar el marco legal vigente, fortalecer la autonomía de los tribunales estatales y corregir vacíos normativos que podrían afectar la estabilidad de los procesos electorales futuros.
Durante el Diálogo de Magistraturas Electorales Locales con Legisladores, convocado por el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, representantes de órganos jurisdiccionales de 20 estados expusieron preocupaciones relacionadas con la armonización legislativa, la designación de magistraturas y las limitaciones presupuestales que enfrentan los tribunales electorales en distintas entidades.
En el encuentro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que las inquietudes planteadas por las magistraturas podrían convertirse en iniciativas de reforma una vez que concluya el periodo de restricción legal previo al inicio del proceso electoral federal.
“No podremos hacer modificaciones a las leyes federales electorales porque en septiembre inicia formalmente el proceso electoral y tres meses antes ya no se pueden realizar cambios”, explicó el coordinador parlamentario de Morena.
No obstante, sostuvo que las propuestas y observaciones recabadas servirán para construir una agenda legislativa posterior al arranque de los comicios.
Magistrados: tribunales locales resuelven el 95.5% de los conflictos electorales
Uno de los principales llamados provino del presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales, Vladimir Gómez Anduro, quien destacó que los tribunales estatales atienden el 95.5 por ciento de los asuntos electorales del país, por lo que representan la primera instancia de contención de los conflictos políticos.
Advirtió que la reforma judicial y la elección de integrantes del Poder Judicial prevista para 2028 exigen fortalecer la estructura institucional de estos órganos, pues aún existen inconsistencias legales entre estados y condiciones financieras que comprometen su funcionamiento.
“Ese primer muro de contención debe ser el más sólido de cara a las próximas elecciones”, afirmó.
Piden mantener al Senado como responsable de nombrar magistraturas
La presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, Magali Anabel Arellano Córdova, defendió la permanencia del modelo actual de tribunales electorales locales como organismos autónomos y rechazó cualquier modificación que debilite su independencia frente a los gobiernos estatales.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Chiapas consideró indispensable que el Senado continúe siendo la instancia encargada de designar a las magistraturas electorales, al señalar que este mecanismo garantiza imparcialidad y equilibrio institucional.
Asimismo, alertó sobre los desafíos inéditos que traerá la elección judicial de 2028, particularmente en materia de litigios digitales, equidad en las campañas y combate a la violencia política contra las mujeres.
Justicia electoral, eje de la democracia
Por su parte, el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, afirmó que la justicia electoral constituye la base sobre la cual descansa la legitimidad democrática del país.
Señaló que el fortalecimiento institucional es una prioridad para garantizar procesos electorales confiables y con reglas claras, por lo que consideró indispensable escuchar a quienes aplican diariamente las normas construidas por el Poder Legislativo.
En ese contexto, Sergio Gutiérrez Luna destacó que el diálogo entre legisladores y autoridades electorales es fundamental para construir soluciones conjuntas ante los nuevos desafíos democráticos.
“La democracia se fortalece cuando las instituciones dialogan, intercambian experiencias y construyen soluciones desde el respeto a sus atribuciones”, sostuvo.
La reunión reunió a magistradas y magistrados electorales de diversas entidades federativas, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar ajustes legales que permitan llegar con mayor certeza institucional a los procesos electorales y judiciales programados para 2028.
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