El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, rechazó que el Gobierno federal haya entregado 800 millones de pesos a la Sección 22 de la CNTE como condición para levantar el plantón que mantuvieron durante semanas en el Zócalo capitalino y aseguró que esos recursos forman parte de las acciones permanentes para atender el rezago educativo en entidades con mayores necesidades.
Durante una entrevista realizada en Tijuana, Baja California, en el marco de una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado afirmó que la Federación cuenta de manera permanente con presupuesto para fortalecer la cobertura educativa en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Según explicó, dichos recursos se utilizan para la creación de plazas, ampliación de horas docentes, recategorizaciones, basificaciones y contratación de personal donde existen carencias.
“Siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo”, sostuvo el titular de la SEP al rechazar que los 800 millones de pesos hayan sido entregados directamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
El funcionario explicó que la asignación de recursos responde a diagnósticos técnicos y necesidades del servicio educativo, y aseguró que este tipo de apoyos no son extraordinarios ni exclusivos para Oaxaca, sino que forman parte de una estrategia aplicada en distintas entidades del país.
Delgado enfatizó que “no hay ni un peso para la CNTE”, al señalar que los recursos federales no pasan por las manos de dirigentes sindicales ni de la Coordinadora ni del SNTE, sino que son ejercidos directamente por la autoridad educativa para fortalecer la operación de escuelas y planteles.
Las declaraciones ocurren luego de que trascendiera un acuerdo para destinar 800 millones de pesos a Oaxaca en medio de las negociaciones entre el Gobierno federal y la CNTE, organización que recientemente levantó su plantón en la capital del país tras casi tres semanas de movilizaciones.
El conflicto magisterial se desarrolló en medio de las exigencias de la CNTE para modificar el sistema de pensiones y atender diversas demandas laborales, mientras el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en mantener el diálogo sin aceptar la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
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