El despido de 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) desató una nueva controversia en el Poder Judicial, luego de que la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) denunció que la mayoría de las personas cesadas son mujeres y advirtió que la medida compromete el acceso a la justicia para sectores vulnerables.
La organización informó que de las 43 personas separadas de sus cargos, 39 son mujeres y cuatro hombres, por lo que sostuvo que la decisión tiene un impacto diferenciado por razón de género y debe analizarse bajo los principios de igualdad y no discriminación.
De acuerdo con la AMJ, las personas despedidas pertenecían al área de Trabajo Social del IFDP, donde realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes especializados y documentaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes reciben servicios de defensa pública gratuita. Su trabajo era utilizado en procedimientos judiciales para fortalecer la estrategia de defensa de personas sin recursos económicos.
La presidenta de la asociación, María Emilia Molina, afirmó que la desaparición de este personal especializado debilita la impartición de justicia y afecta directamente a niñas, niños, mujeres víctimas de violencia, personas indígenas, migrantes, adultos mayores y otros grupos en condición de vulnerabilidad que dependen de los servicios del Instituto.
A la denuncia se sumó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que exigió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) detener los despidos y el presunto hostigamiento contra personal del IFDP y del propio órgano administrativo. La organización calificó como inadmisibles las prácticas que, afirmó, vulneran la dignidad de las personas trabajadoras y generan un ambiente de intimidación dentro de las instituciones judiciales.
Los trabajadores afectados sostienen que los despidos ocurrieron sin una explicación pública y pese a que, durante la implementación de la reforma judicial, las autoridades aseguraron que los derechos laborales del personal serían respetados. También advirtieron que la eliminación de estas plazas podría traducirse en una atención menos integral para quienes solicitan defensa jurídica gratuita ante la justicia federal.
Hasta el momento, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Órgano de Administración Judicial no han informado públicamente las razones de los ceses ni si las funciones del personal despedido serán asumidas por otras áreas.
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