El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, volvió al régimen de prisión domiciliaria mientras espera que un juez dicte sentencia en el proceso penal que enfrenta por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, uno de los casos más emblemáticos sobre violaciones a la libertad de expresión y abuso de poder en México.
La resolución permite que el exmandatario priista permanezca en un domicilio particular bajo medidas de vigilancia y control judicial, luego de una serie de recursos legales promovidos por su defensa. De acuerdo con reportes judiciales, Marín regresó a un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, donde permanecerá sujeto a supervisión mientras concluye el juicio.
Un caso que marcó la relación entre poder político y libertad de expresión
Mario Marín fue detenido en febrero de 2021 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de participar en la tortura de Lydia Cacho, derivada de la detención y traslado ilegal que sufrió la periodista en diciembre de 2005 tras la publicación del libro Los demonios del Edén, donde documentó una presunta red de explotación sexual infantil vinculada con empresarios y personajes influyentes.
El proceso judicial ha estado marcado por múltiples recursos de amparo, cambios en las medidas cautelares y resoluciones contradictorias respecto a la prisión preventiva y la prisión domiciliaria, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de prensa.
La sentencia aún está pendiente
Aunque el cambio de medida cautelar representa un nuevo revés para las víctimas y organizaciones acompañantes del caso, la decisión judicial no implica la absolución del exgobernador. El proceso penal continúa y la autoridad deberá emitir una sentencia sobre su responsabilidad en el delito de tortura.
La defensa de Lydia Cacho ha sostenido que continuará utilizando los recursos legales disponibles para impugnar cualquier resolución que considere contraria a los derechos de la periodista y al acceso a la justicia.
Un expediente emblemático de impunidad
El caso de Mario Marín se convirtió en un símbolo nacional tras la difusión, en 2006, de las grabaciones telefónicas en las que el entonces gobernador conversaba con el empresario Kamel Nacif, episodio que le valió el sobrenombre de «góber precioso». Desde entonces, el expediente ha sido considerado un referente sobre el uso de instituciones públicas para perseguir a periodistas y proteger intereses políticos y económicos.
A más de dos décadas de los hechos, el proceso judicial permanece abierto y la resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del exgobernador sigue pendiente.
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